Familiares de víctimas del atentado a la AMIA pidieron hoy que la ex presidente Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y otras nueve personas sean enviadas a juicio oral y público por la firma del memorándum de entendimiento con Irán.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Tomás Farini Duggan, abogado que representa a los familiares LuIs Czyzewski y Mario Averbuch, contestaron el requerimiento del juez Claudio Bonadio y entendieron que la investigación está completa sobre las personas que están procesadas en la causa y por lo tanto deben pasar a la instancia de juicio oral. Los familiares son querellantes en la causa.
Lo mismo había hecho este miércoles la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), también querellante. Ahora será el turno del fiscal federal de la causa, Eduardo Taiano, quien cuenta con seis días hábiles para resolver.
Los otros procesados, de quienes se solicitó el juicio oral, son: el ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, el diputado nacional Andrés Larroque, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, el dirigente de la comunidad Jorge Khalil, el dirigente social Luis D' Elía, el ex titular de Quebracho Fernando Esteche y el agente de inteligencia Alan Bogado.
Zannini, D'Elía, Khalil y Esteche están detenidos, mientras que sobre Cristina Kirchner pesa un pedido de desafuero al Senado de la Nación para cumplir con la prisión preventiva que tiene dictada.
El juez Claudio Bonadio los procesó por los delitos de traición a la patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional al considerar que en la firma del memorándum hubo un plan criminal para encubrir y ayudar a eludir la justicia a los iraníes acusados del atentado a la AMIA. La Cámara Federal confirmó la acusación pero revocó la traición a la patria, ratificó el estorbo funcional y encubrimiento y agregó abuso de autoridad.
La querella de los familiares pidió que los acusados sean juzgados por los delitos de traición a la patria, estorbo, encubrimiento y abuso de autoridad. "Los imputados han ayudado a quienes con sus actos se han constituido en enemigos de la Nación Argentina y su forma artera y subrepticia de elaboración y suscripción, ha degradado y puesto en duda, frente a la potencia extranjera sindicada como agresora, a la que pertenecen los partícipes en los hechos", dice la presentación de 33 carillas a la que accedió Infobae sobre el delito de traición a la patria.
"La firma del memorándum, lejos de producir un avance en la investigación del atentado contra la AMIA (razón ofrecida públicamente por los imputados para justificarlo) tenía como propósito: a) el levantamiento –y/o la afectación de su eficacia- de las alertas rojas de Interpol, mediante la presentación de la nota de la cláusula 7, y b) el cuestionamiento de la prueba obtenida y la imposición de hipótesis alternativas que desvincularían a Irán y sus funcionarios imputados, de la investigación del atentado contra la AMIA", agregó la querella.
Luego de que la Fiscalía haga su presentación será el turno de todas las defensas que podrán negarse a que la causa pase a juicio o hacer planteos de nulidad. Tras esa instancia, el juez Bonadio quedará en condiciones de enviar el expediente a juicio oral, lo que ocurrirá en dos meses.
El memorándum, firmado en 2013 por Argentina e Irán, creaba una Comisión de la Verdad con juristas de ambos países y extranjeros para que analicen el caso y habilitaba al juez Rodolfo Canicoba Corral y al fiscal Alberto Nisman a viajar a Irán para tomar las indagatorias a los acusados. El objetivo era destrabar la causa judicial del atentado a la AMIA que estaba frenada hacía años porque Irán no detenía y extraditaba a los acusados.
Pero el fiscal Nisman denunció el 14 de enero de 2015 a Cristina Kirchner y funcionarios y allegados al Gobierno por la firma del memorándum ya que entendió que se hizo para beneficiar a los acusados. Cuatro días después apareció muerto en el baño de su departamento.
Las defensas sostienen que no hubo ningún plan criminal y que el memorándum fue una decisión política que no se puede judicializar y que fue refrendada por el Congreso Nacional.
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