Recién llegado de Brasil, donde se entrevistó con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, en medio del creciente escándalo político e institucional que sacude al país vecino, Samuel Issacharoff, ex asesor legal de Barack Obama, asegura que la diferencia con nuestro país es la fortaleza de las instituciones. Por eso, dice uno de los principales responsables de las campañas del ex presidente de los Estados Unidos, en Brasil la Justicia investiga y aquí no.
"En Brasil hubo una corrupción sistemática que es chocante. La corrupción de Lula fue que tuvo que juntar fondos ilegales para la campaña", aseguró Issacharoff durante un almuerzo organizado este lunes por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), del que participó Infobae. Experto en derecho y legislaciones electorales, Issacharoff estuvo rodeado por Julia Pomares, directora Ejecutiva de CIPPEC; Nicolás Cherny, director del programa Instituciones Políticas de la ONG; Delia Ferreira Rubio, especialista en temas de transparencia electoral, y Pablo Secchi, director Ejecutivo de Poder Ciudadano, entre otros.
El encuentro estuvo atravesado por el debate en torno a la modificación de la ley de financiamiento de los partidos políticos, que el Gobierno pretende enviar en las próximas semanas, en vísperas de las elecciones legislativas y de la preocupación alrededor de la recaudación de las campañas.
Para Issacharoff, el financiamiento político en nuestro país es "irreal". "Una ficción completa", abunda. "El desafío de la Argentina es cambiar la cultura política. El sistema político se basa en el efectivo, es el único país en el que pasa esto. Lo que falta en la Argentina es una manera de normalizar el financiamiento que hay. De alguna manera, hoy son todos corruptos", agrega. Efectivamente, según un relevamiento de CIPPEC en base a datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE), el 99 por ciento de los aportes a las campañas del 2015 fueron en efectivo.
En ese sentido, el Poder Ejecutivo impulsó en las últimas semanas la discusión de un nuevo proyecto destinado a introducir modificaciones en la ley 26.215. Como había anticipado este medio, el Gobierno quiere que los aportes empresarios vuelvan a estar permitidos durante las campañas: se los excluyó en el 2009, en la última rectificación de la norma, después del escándalo vinculado a la campaña del Frente para la Victoria del 2007 y el Triple Crimen de General Rodríguez, que desnudó la relación entre la política y la mafia de la efedrina.
Tanto CIPPEC, como Poder Ciudadano y Ferreira Rubio, participaron activamente de los debates en torno al proyecto en los últimos meses. Si bien las organizaciones ven con buenos ojos su envío al Parlamento -que recién lo empezaría a discutir el próximo año-, todavía advierten "oportunidades" para el flujo de dinero negro. "No existe la facultad de levantar secreto bancario o fiscal", explicó Ferreira Rubio. La semana pasada, la Cámara Electoral alertó, por ejemplo, que la AFIP no colaboraba en cuestiones vinculadas al financiamiento.
Según Issacharoff, una pieza clave en las elecciones del 2008 y el 2012 de Obama, hay un abismo entre el dinero que los políticos necesitan para ganar y las leyes vigentes. "Uno no se puede presentar en este país dentro del marco de la ley. No sirven los topes. Es más importante saber de dónde viene la plata que los topes. Por cierto, es muy difícil juntar fondos de la Madre Teresa", dice el abogado entre risas. Reconoce, sin embargo, los puntos oscuros del financiamiento estadounidense. En aquel país no hay topes, y tanto las empresas como los sindicatos pueden donar fondos ilimitados a un candidato por fuera de la estructura a través de los comités de acción política, llamados Pacs o Super Pacs. Las campañas de Obama rondaron los 1.000 millones de dólares.
Durante la última campaña presidencial en nuestro país, los partidos subdeclararon sus gastos: ninguna agrupación declaró haber gastado más que los 260 millones de pesos fijados por la ley. Según las estimaciones, sin embargo, el costo de la carrera presidencial para los candidatos más taquilleros fue de unos 1.000 millones de pesos.
La diferencia con nuestro país se explica, según el ex asesor del ex presidente norteamericano, en la normativa vigente: "Allí hay una consecuencia de estar fuera de la ley".
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