El negociado inmobiliario con tierras fiscales en la provincia de Santa Cruz durante la última década está por salir finalmente a la luz. El juzgado federal de Río Gallegos reabrió varias causas en la que se investiga la venta de terrenos fiscales a precio vil en El Calafate, entre ellas, la que involucran a Néstor y Cristina Kirchner.
El camarista de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, quien recuperó el mando del juzgado –controlado durante los últimos 12 años por el kirchnerismo– dispuso desarchivar los expedientes al detectar "demoras, deficiencias e irregularidades" en las causas que involucraban tanto a los ex mandatarios como a otros leales al kirchnerismo.
Leal de Ibarra también inició un sumario por la actuación de la abogada Andrea Askenazi Vera como jueza federal suplente de ese distrito. Según informa el diario Clarín, Askenazi ordenaba a los empleados del juzgado que las "causas políticas" debían ser entregadas a ella, quien las identificaba con las siglas de su nombre –"AVAD"– y luego las rotulabaa como "expediente pasado a secreto".
Dentro de esos expedientes, la causa más resonante es la referida a la compra por parte de Néstor y Cristina Kirchner de terrenos fiscales en El Calafate a 7,5 pesos el metro cuadrado.
El fallecido ex mandatario compró allí dos hectáreas a USD 50.000 y las vendió posteriormente en más de USD 2.000.000 a un grupo chileno. En esa ciudad a la que la ex presidente definía como su "lugar en el mundo", no solo el matrimonio Kirchner adquirió tierras a "precios bajos", sino también otros ex funcionarios nacionales y provinciales, amigos y empresarios K, entre ellos Lázaro Báez.
El abogado Álvaro de la Madrid –quien presentó la denuncia en febrero de 2008–estimó que si se considera el valor de mercado esas tierras vendidas a los K valen unos 300 millones de dólares.
Leal de Ibarra y los miembros de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia –Aldo Suárez y Hebe de Corchuera– fueron nombrados como jueces subrogantes por el Consejo de la Magistratura. Según se dispuso, los tres rotan en el cargo cada 60 días mientras se nombra un juez titular.
Otras causas "planchadas"
En el juzgado de la calle San Martín al 700 también dormía una denuncia de la actual diputada del Parlasur de Cambiemos, Mariana Zuvic, por cartelización de la obra pública de Santa Cruz a favor de empresas del grupo Báez, que se quedaron con el 92% de los contratos que otorgaron a la provincia desde la anterior administración nacional.
También fue rotulada como "expediente pasado a secreto" una denuncia contra Ricardo Barreiro, conocido como "el jardinero de los Kirchner", por incompatibilidad de funciones entre su trabajo como empleado público, en el ORSNA, entre otras dependencias, y a la vez ser concesionario de la firma de carga aérea Jet Paq, que depende de Aerolíneas Argentinas.
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