El ahora exministro del Interior, Hugo Begazo, anunció que, en un plazo menor a 60 días, se instalarán 40 mil cámaras de videovigilancia en 8 mil buses de transporte público. Según precisó, cada unidad contará con 5 dispositivos.
El objetivo de esta medida es responder a un pedido constante del gremio de transportistas, que en los últimos meses ha sido víctima de bandas de extorsionadores. Incluso, mientras el ministro realizaba este anuncio desde la sede del Mininter, en el Callao, un grupo de chóferes llevaba a cabo un plantón en protesta por el asesinato de uno de sus compañeros.
Las cámaras serán utilizadas como un mecanismo disuasivo y también para brindar mayor seguridad a los conductores.
“Es un clamor de los transportistas. Les vamos a dar las armas para poder identificar y, como efecto disuasivo, poder capturar rápidamente a estos criminales. La criminalidad no nos va a ganar, señores, eso ténganlo por seguro”, declaró Begazo.
Sin embargo, la instalación de cámaras de seguridad en buses de transporte público no corresponde a una gestión del gobierno de José María Balcázar. La propuesta fue planteada en junio de 2025, cuando Dina Boluarte aún se desempeñaba como presidenta.
Esta fue la última actividad en la que participó Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros. Horas después, Palacio de Gobierno confirmó su salida.
Iniciativa de la ATU
La instalación de cámaras de seguridad en buses y taxis no es una medida reciente. Su implementación fue anunciada meses atrás como parte de una estrategia para enfrentar el avance de las extorsiones en el transporte público de Lima y Callao.
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) planteó que, desde agosto, se iniciaría la colocación progresiva de sistemas de videovigilancia con botón de pánico en unidades autorizadas. El plan contempla la instalación de 16,200 cámaras en más de 8,000 buses y un grupo de taxis, con prioridad en las rutas más afectadas por la criminalidad.
El entonces presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, explicó que la medida tenía un doble propósito: prevenir delitos y generar evidencia. “Esta iniciativa busca cumplir una doble función: disuasiva y probatoria”, señaló. En ese sentido, las cámaras no solo buscarían desalentar actos delictivos, sino también registrar imágenes que puedan ser utilizadas en investigaciones fiscales y policiales.
El sistema incluye, además, un botón de pánico que permitirá a conductores emitir alertas en tiempo real ante situaciones de emergencia. Estas señales serían recibidas por el Centro de Gestión y Monitoreo de la ATU, desde donde se coordinaría una respuesta inmediata con la Policía Nacional del Perú.
El anuncio se dio en un contexto crítico. Durante el 2025, al menos 15 conductores fueron asesinados en medio de amenazas y cobros extorsivos por parte de organizaciones criminales. Este escenario generó protestas en el sector transporte, que exigía medidas urgentes para garantizar la seguridad.
Pese a ello, el proceso de implementación ha seguido un cronograma administrativo que incluye licitaciones y evaluación de propuestas a través del sistema estatal de contrataciones. La expectativa era que, tras la adjudicación, la instalación se realizara de forma gradual.
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