Más de un siglo después de los crímenes cometidos contra pueblos indígenas amazónicos durante la llamada época del caucho, el Estado peruano vuelve a estar bajo escrutinio internacional. Cuatro Relatores Especiales de las Naciones Unidas exigieron explicaciones y acciones urgentes ante la falta de medidas de verdad, justicia, reparación y memoria por las graves violaciones de derechos humanos perpetradas entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, especialmente en la región del Putumayo.
La comunicación oficial, fechada el 3 de noviembre de 2025 y hecha pública tres meses después, fue dirigida al Gobierno peruano por los Relatores Especiales sobre verdad y justicia, ejecuciones extrajudiciales, derechos de los pueblos indígenas y formas contemporáneas de la esclavitud, quienes expresaron su grave preocupación por la persistente inacción estatal frente a estos crímenes de extrema gravedad.
Un llamado internacional por crímenes históricos impunes
La comunicación fue firmada por cuatro Relatores Especiales: el Relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Relator sobre ejecuciones extrajudiciales; el Relator sobre los derechos de los pueblos indígenas; y el Relator sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.
En el documento, los expertos expresan su profunda preocupación por la falta de investigaciones, el silencio institucional y la ausencia de políticas públicas orientadas a reconocer los crímenes cometidos durante la explotación cauchera, especialmente en la región del Putumayo, territorio que hoy comparten Perú y Colombia.
Según los Relatores, esta inacción estatal perpetúa el daño histórico y sus efectos intergeneracionales, que se manifiestan actualmente en discriminación estructural, exclusión social y marginación de los pueblos indígenas amazónicos.
Empresas caucheras y responsabilidades
El pronunciamiento de la ONU identifica como principales responsables de estas violaciones a los empresarios caucheros que operaron en la Amazonía, en particular a la Casa Arana y Hermanos, posteriormente denominada Peruvian Amazon Company, dirigida por Julio César Arana.
De acuerdo con la comunicación, estas empresas instauraron un sistema de explotación basado en el endeudamiento forzado, el trabajo esclavo y la violencia sistemática, con el objetivo de sostener una producción de caucho que creció de forma exponencial para abastecer los mercados internacionales.
Los pueblos indígenas Huitoto, Bora, Ocaina, Andoque, Resígaro, Nonuya, Miraña, Muinane, Kukama, entre otros, fueron sometidos a torturas, ejecuciones masivas, violencia sexual, mutilaciones, desplazamientos forzados y asesinatos, prácticas que, según los expertos, constituyen crímenes de extrema gravedad.
Los Relatores subrayan que estos hechos no fueron aislados, sino que ocurrieron con la complicidad, tolerancia u omisión del Estado peruano de la época, lo que refuerza la responsabilidad estatal en la falta de justicia hasta hoy.
Negación, olvido y memoria selectiva
La comunicación también cuestiona la persistente negación oficial de estos crímenes y la ausencia de políticas de memoria. Los expertos advierten que, en ciudades como Iquitos, figuras vinculadas a la explotación cauchera continúan siendo homenajeadas en calles, monumentos y circuitos turísticos, mientras las víctimas indígenas siguen excluidas de la narrativa histórica nacional.
Para la ONU, esta forma de memorialización selectiva vulnera el derecho colectivo a la verdad y refuerza la invisibilización de los pueblos afectados.
Respaldo internacional a la demanda indígena
Para el Colectivo TSIUNI, integrado por jóvenes de los pueblos Kukama, Murui, Maijuna, Secoya, Wampis, Awajún, Bora, Achuar, Arabela, Shiwilu y Resígaro, la comunicación de la ONU representa un respaldo internacional clave a la demanda judicial presentada el 13 de octubre de 2025 ante el Juzgado Mixto de Nauta, en Loreto.
A través de esta acción legal, el colectivo exige al Estado peruano la creación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la época del caucho, desde la perspectiva de los pueblos amazónicos, así como medidas de reparación y reformas educativas que incorporen estos hechos en la currícula nacional.
Advertencia al Estado peruano
En su pronunciamiento, los Relatores instan al Estado peruano a adoptar medidas urgentes y holísticas, en consulta efectiva con las comunidades indígenas, y recuerdan que el derecho internacional obliga a investigar violaciones graves, ofrecer reparaciones integrales y garantizar la no repetición.
Finalmente, advierten que, de persistir la inacción, podrían pronunciarse públicamente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que colocaría al Perú bajo un mayor escrutinio internacional por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
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