La violencia contra el transporte urbano vuelve a colocar presión sobre un sector que sostiene miles de empleos diarios y garantiza la movilidad en zonas densamente pobladas de Lima. Los recientes ataques armados contra la empresa de transportes Los Mandarinos no solo activaron una respuesta policial de gran escala, sino que también expusieron los costos económicos que enfrenta una actividad marcada por la informalidad, la inseguridad y la extorsión.
Cada atentado contra una flota implica suspensión de rutas, pérdidas por unidades fuera de circulación y gastos adicionales en seguridad privada. En corredores extensos como San Juan de Lurigancho–Comas, donde el flujo de pasajeros determina la rentabilidad diaria, cualquier interrupción altera la cadena de ingresos de conductores, cobradores y pequeños propietarios de vehículos.
En este escenario, la captura de presuntos responsables adquiere relevancia más allá del ámbito policial. Para los transportistas, representa una señal mínima de contención frente a un delito que condiciona decisiones operativas y desalienta inversiones básicas como la renovación de unidades o la ampliación de rutas.
Operativo policial y detenciones en San Juan de Lurigancho
La Policía Nacional del Perú ejecutó un operativo simultáneo en tres viviendas de San Juan de Lurigancho que permitió la captura de seis integrantes de la banda criminal conocida como “Los Correcaminos de San Juan de Lurigancho”. Según la investigación, el grupo estaría vinculado con reiterados ataques extorsivos contra la empresa de transportes Los Mandarinos y otros hechos delictivos.
Durante la intervención, los agentes detuvieron a Christian Carbajal (36), Jenifer Aponte (28), Yelitza Belisario (51), Jean Ramos (27), Santiago Freites (19) y Gerardo Freites (22). Los cinco últimos cuentan con nacionalidad venezolana, de acuerdo con la información policial difundida tras el operativo.
Las acciones conjuntas de la División de Investigación de Extorsiones (Divinext) y la División de Investigación contra el Crimen Organizado (Divicc) permitieron asegurar evidencia clave para el caso. Entre los objetos incautados figuran un arma de fuego, 25 cartuchos de escopeta, 12 cartuchos de pistola 9 mm y un artefacto explosivo. También se decomisaron tarjetas de crédito, un dispositivo electrónico tipo POS, diez teléfonos celulares y droga. A ello se suma la recuperación de una minivan que, según las pesquisas, los intervenidos utilizaron durante las extorsiones.
Confesión y ataque contra el patio de maniobras
El avance del caso tomó un giro decisivo con la declaración de uno de los detenidos. De acuerdo con la Policía, Santiago Freites reconoció su participación directa en uno de los atentados más graves contra la empresa. El joven “confesó su participación en el ataque armado contra el patio de maniobras de Los Mandarinos”, hecho que dejó dos trabajadores heridos el pasado 29 de enero.
Ese ataque impactó de manera directa en la operación de la empresa, que debió suspender parcialmente sus actividades y reforzar medidas de seguridad internas. Cada jornada sin servicio representa una pérdida económica que recae principalmente en los conductores, cuyos ingresos dependen del número de vueltas diarias y de la demanda de pasajeros.
El patrón detectado por las autoridades muestra prácticas recurrentes en la extorsión vinculada al transporte público. En el atentado registrado en Comas, los responsables utilizaron una mototaxi para desplazarse, disparar contra el vehículo y huir sin dejar rastros inmediatos. Esta modalidad facilita la movilidad en calles estrechas y dificulta la identificación posterior.
Otro elemento presente en los ataques consiste en dejar mensajes intimidatorios junto a las unidades afectadas. La colocación de un número telefónico y una munición funciona como advertencia directa para forzar el contacto y exigir pagos. Esta práctica se repite en distintos puntos de Lima y mantiene bajo presión constante a las empresas formales, que enfrentan el dilema entre continuar operaciones o paralizar servicios para proteger a su personal.
Paralización, retorno progresivo y temor operativo
Tras dos ataques armados en menos de una semana, los transportistas optaron por una paralización de 48 horas. La medida buscó llamar la atención de las autoridades y reducir riesgos inmediatos para conductores y pasajeros. Sin embargo, el cese de actividades también implicó pérdidas económicas acumuladas para una empresa que cubre una de las rutas con mayor demanda diaria.
El retorno al servicio ocurrió de forma gradual. Conductores del Consorcio Mandarino señalaron a medios locales que el reinicio de labores se desarrolla en un contexto de incertidumbre. “Este retorno se da en medio de mucha preocupación y hasta temor”, comentaron, al tiempo que indicaron que no perciben una mayor presencia policial en todo el recorrido.
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