En la franja norte del litoral peruano, una operación marítima alteró la rutina de la madrugada y colocó nuevamente en agenda el problema de la pesca ilegal en zonas fronterizas. Un grupo de pescadores extranjeros terminó bajo custodia luego de una intervención que movilizó a varias instituciones del Estado, en un contexto marcado por controles reforzados y vigilancia permanente.
La acción ocurrió en aguas del dominio marítimo peruano, donde las autoridades detectaron una embarcación que realizaba actividades prohibidas. El operativo se desarrolló durante la madrugada del lunes 12 de enero de 2026, frente a la región de Tumbes, una zona sensible por su cercanía con la frontera y por la presión constante sobre los recursos hidrobiológicos.
El procedimiento dejó como resultado la detención de 22 ciudadanos ecuatorianos, el decomiso de grandes volúmenes de pesca y la incautación de equipos utilizados para la actividad ilegal. Las diligencias posteriores quedaron en manos de las autoridades competentes, conforme al marco legal vigente.
Operativo en aguas peruanas

Según la información oficial, la intervención se ejecutó como parte de un operativo marítimo en el que participaron efectivos policiales y entidades especializadas. Las autoridades incautaron cerca de “20 toneladas de productos de pesca”, además de una embarcación de bandera ecuatoriana y una red de cerco de aproximadamente “400 brazas”.
El procedimiento tuvo lugar en la jurisdicción del distrito de La Cruz, dentro del dominio marítimo peruano. En ese punto, personal de la Dirección de Medio Ambiente lideró la operación con apoyo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Marina de Guerra del Perú y el Ministerio de la Producción (Produce). El objetivo se centró en la prevención y persecución de delitos vinculados a la “extracción ilegal de recursos hidrobiológicos”.
Los intervenidos quedaron a disposición de las autoridades para el inicio de las diligencias correspondientes, junto con los recursos y materiales incautados.
Desarticulación de una banda dedicada a la pesca ilegal

En el marco de la misma acción, las fuerzas del orden informaron sobre la desarticulación de la banda denominada “Los Binacionales del Mar”. De acuerdo con el reporte policial, este grupo se dedicaría a la pesca ilegal en aguas peruanas y estaba integrado por los 22 ciudadanos extranjeros detenidos durante el operativo.
Durante la intervención, las autoridades decomisaron 20 toneladas de la especie roncador, con una valorización aproximada de “S/2 500 000”. Este decomiso permitió evitar un perjuicio significativo tanto para la sostenibilidad marina como para la economía nacional, según las estimaciones oficiales.
La embarcación utilizada para la actividad ilícita quedó retenida como parte del proceso, junto con las redes y el cargamento incautado.
Las acciones se desarrollaron en el contexto del estado de emergencia vigente en Zarumilla y Tumbes. En operativos conjuntos previos, personal de la PNP Tumbes y del Ministerio Público capturó el lunes 12 de enero a 22 ecuatorianos que capturaron ilegalmente “22 toneladas de productos hidrobiológicos” en aguas marítimas peruanas, según los registros oficiales.
Las autoridades señalaron que estos operativos conjuntos continuarán en la zona con el fin de fortalecer el control del dominio marítimo y frenar actividades ilícitas relacionadas con la pesca ilegal. Los detenidos, así como el material incautado, permanecen bajo custodia de la autoridad competente para las diligencias de ley respectivas.
Panorama global y casos recientes
Según Oceana, en el mundo existen cerca de 400 especies de tiburones, 66 presentes en aguas peruanas. Diversos informes revelan que cada año se sacrifican millones de ejemplares para extraer un recurso que representa solo un pequeño porcentaje del cuerpo del animal. El mercado internacional mueve más de 550 millones de dólares, sin incluir operaciones irregulares. Entre 2012 y 2019, la práctica se multiplicó por diez y el número de tiburones capturados pasó de 76 a 80 millones.
Mongabay Latam identificó que, entre enero de 2021 y junio de 2024, embarcaciones japonesas desembarcaron más de 17 mil kilos de aletas sin autorización. El informe indicó que ninguna autoridad supervisó adecuadamente el procedimiento y que tampoco se inició una indagación fiscal.
Los agentes continúan las diligencias en coordinación con el Ministerio Público. En esta zona del Callao se realizó intervenciones, mientras que tres personas fueron detenidas. El caso permanece en etapa de investigación para esclarecer el alcance de la organización y su posible vínculo con otras redes que operan dentro y fuera del país.
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