En Cusco, el debate sobre la administración de Machu Picchu volvió al centro de la discusión pública tras los recientes hallazgos de la Contraloría General de la República. El informe oficial expuso irregularidades en la comercialización virtual de boletos vinculados a la Red de Caminos Inca, lo que derivó en un perjuicio económico para el Estado. La situación reveló fallas en el control del acceso a una de las rutas especiales del Santuario Arqueológico, hecho que abrió nuevas interrogantes sobre los mecanismos de gestión turística.
El caso expuesto no solo se concentra en cifras. También refleja tensiones entre la necesidad de proteger el patrimonio y la obligación de asegurar una administración eficiente. Diversas voces del sector turismo remarcaron que el problema afecta el sistema institucional que regula el ingreso al sitio arqueológico más emblemático del país. En ese marco, surgieron críticas directas sobre la forma en que se maneja este espacio cultural.
Dentro del debate público, una frase resaltó como señal de alerta: “Machu Picchu es visto como un botín y no como el legado que nos dejaron nuestros ancestros.” La expresión alude a la percepción de que el patrimonio enfrenta intereses que se distancian de su valor histórico. Frente a ello, especialistas y representantes del sector turístico insistieron en que la administración del santuario requiere estructuras sólidas y un modelo que garantice transparencia.
El informe de la Contraloría señaló que el perjuicio económico ascendió a tres millones seiscientos sesenta y nueve mil trescientos ochenta soles. El monto se originó por la inclusión errónea del acceso a la llamada Ruta Realeza Diseñada dentro de los boletos virtuales de la Red de Caminos Inca, sin el cobro adicional previsto por la normativa vigente entre agosto de 2024 y mayo de 2025. Durante ese periodo, se emitieron y utilizaron veinticuatro mil seiscientos setenta y nueve boletos bajo esas condiciones.
Observaciones del organismo de control
La Contraloría precisó que el perjuicio económico podría ampliarse, debido a que los boletos emitidos en ese intervalo continúan con validez para fechas posteriores. En el Informe de Control Específico N.º 048-2025-2-5765-SCE se advirtió que “el monto del perjuicio económico podría incrementarse en la medida que los boletos vendidos para la Red de Caminos Inca pueden ser utilizados con posterioridad”. La observación se centró en el acceso a la Ruta Realeza Diseñada, también identificada como Ruta 3-B, cuyo precio vigente según el Tarifario Único de Servicios No Exclusivos oscila entre setenta y ciento cincuenta y dos soles.
La revisión oficial determinó que miles de turistas ingresaron a dicha ruta sin pagar el adicional correspondiente. Este hecho motivó cuestionamientos públicos por parte de representantes del sector turismo. Entre ellos, Tito Alegría, presidente de la Organización Proturismo, expresó su preocupación y responsabilizó a la deficiente gestión estatal del santuario. En sus declaraciones afirmó: “No es posible que, según la información de Contraloría, se pierdan más de tres millones seiscientos mil soles por, supuestamente, un error en el acceso gratuito a la ruta Realeza”.
En su intervención, Alegría reforzó su crítica con un señalamiento directo: “Para malos funcionarios y autoridades, nuevamente Machu Picchu es visto como un botín y no como el legado que nos dejaron nuestros ancestros”. También indicó que el patrimonio requiere excelencia administrativa y planteó la creación de una autoridad autónoma para su gestión. Expuso ejemplos internacionales y expresó: “Machu Picchu necesita tener una autoridad autónoma de gestión. Fíjese, hay modelos internacionales de gestión de patrimonio similares a Machu Picchu que operan bajo una autoridad autónoma”.
Desde el sector gubernamental, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, sostuvo que el incidente no afectará la imagen internacional del santuario. En su declaración afirmó: “Es una gestión administrativa, es un tema de gestión administrativa que no debería tener mayor impacto en el tema de prestigio, en el tema reputacional del Santuario de Machu Pichu como tal. Es un tema interno que estoy segura de que pronto lo vamos a atender”.
Alegría reafirmó su posición sobre la necesidad de un nuevo modelo institucional y citó referencias extranjeras. Mencionó el manejo del Coliseo Romano en Italia, los sitios arqueológicos de México bajo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, la administración de la Alhambra de Granada en España y la dirección del Parque Nacional de Galápagos en Ecuador. Según su postura, estas experiencias demuestran estructuras administrativas centralizadas en entidades especializadas con autonomía en la toma de decisiones.
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