El asesinato de Mitzar Castillejos Tenazoa tras catorce días de lucha por su vida ha vuelto a encender las alarmas sobre la inseguridad letal que enfrentan los periodistas en el Perú. Con su muerte, confirmada el 26 de diciembre por el Ministerio de Salud, ya son cuatro los periodistas asesinados en 2025, todos ellos ultimados en regiones fuera de Lima mientras investigaban y denunciaban corrupción. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha reiterado su exigencia de justicia y protección efectiva ante un contexto que se ha vuelto cada vez más hostil para la prensa.
La presidenta de la ANP, Zuliana Lainez, subrayó en diálogo con Exitosa que este año marca el periodo más letal para el gremio en el siglo, tras ocho años sin asesinatos de periodistas en el país. “Cuatro periodistas asesinados por sicarios, todos colegas de regiones, periodistas en activo que estaban haciendo investigación crítica a las autoridades locales y que todos fueron asesinados o cuando se dirigían a su lugar de trabajo o cuando volvían de una cobertura”, señaló Lainez, quien advirtió que estos crímenes no pueden atribuirse simplemente a la inseguridad ciudadana. La dirigente gremial enfatizó que existe un patrón claro de ataques por encargo contra quienes ejercen la fiscalización periodística en zonas alejadas de la capital.
El impacto de estos crímenes ha generado una creciente angustia entre la comunidad periodística y la sociedad civil, que observa cómo la impunidad debilita la libertad de prensa y amenaza el derecho de la ciudadanía a estar informada. La ANP y otras organizaciones han reclamado medidas urgentes para fortalecer la protección, acelerar los procesos judiciales y frenar el avance de la violencia contra quienes cumplen una función esencial en el control democrático.
La marca de los atentados contra la prensa
Los asesinatos de periodistas ocurridos en 2025 comparten patrones alarmantes que revelan la sistematicidad de la violencia. Las víctimas, todas dedicadas a la investigación de corrupción y la crítica a autoridades locales, fueron atacadas en circunstancias similares: emboscadas a la salida de sus viviendas, trayectos laborales o espacios públicos, y siempre por sicarios contratados.
La presidenta de la ANP destacó que “nadie podría decir, y sería un error gravísimo adjudicar esto solo al tema de la inseguridad ciudadana”, pues los crímenes se ejecutan con un claro mensaje de represalia. Lainez explicó que ahora, a diferencia de hace una década, los enemigos de la libertad de prensa recurren con mayor facilidad a sicarios; antes, las agresiones se limitaban al hostigamiento judicial o actos intimidatorios de menor escala.
Lainez recordó episodios previos en los que las autoridades regionales llegaban a lanzar excremento contra reporteros que buscaban información, pero remarcó que la escalada actual ha cruzado el umbral de la violencia letal. “Hoy tenemos cuatro periodistas asesinados”, afirmó, y alertó que en los casos recientes no se registró robo de pertenencias ni móviles distintos a la denuncia periodística, lo que refuerza la hipótesis de ataques dirigidos. La brutalidad de los atentados busca instaurar el miedo y silenciar a quienes investigan.
La investigación sobre estos atentados ha evidenciado que los periodistas asesinados recibieron amenazas previas, como ocurrió con Gastón Medina, quien fue advertido de muerte antes de ser acribillado en la puerta de su casa. En el caso de Fernando Núñez, se confirmó que las acciones críticas sobre la ejecución presupuestal de autoridades locales lo convirtieron en blanco de represalias, una tendencia que se repite en las regiones más desprotegidas.
El letargo judicial como agravante de la violencia contra la prensa
La reacción de la justicia frente a los asesinatos de periodistas ha sido marcada por la impunidad y la dilación, generando mayor desprotección y desconfianza. Un año después del asesinato de Gastón Medina, no existen avances sustanciales en la investigación, y la misma situación se repite para los casos de Raúl Celis y Fernando Núñez. “No tenemos nada”, lamentó Zuliana Lainez al referirse a la falta de resultados y al letargo institucional.
El viacrucis de la familia de Mitzar Castillejos ilustra el drama adicional que enfrentan las víctimas y sus allegados. Lainez relató que, después del fallecimiento del periodista en el Hospital María Auxiliadora, la familia no pudo retirar su cuerpo durante horas por trámites judiciales y burocráticos. La lentitud de los procesos agrava el dolor y profundiza la sensación de abandono estatal.
La dirigente de la ANP denunció que, pese a la gravedad de estos ataques, el Estado suele limitarse a realizar conferencias de prensa sin resultados concretos. En el caso de Gastón Medina, si bien se detuvo a un sicario, la red criminal no ha sido desarticulada y uno de los presuntos autores permanece en el extranjero sin que prospere su extradición.
Esta tendencia a la inacción y la falta de justicia efectiva no solo perpetúa el ciclo de violencia, sino que envía un mensaje de tolerancia hacia los agresores. La ausencia de sanciones reales fomenta nuevos ataques y debilita la confianza en el aparato judicial.
El costo de investigar la corrupción en el Perú actual
El entorno para el ejercicio periodístico en el Perú se ha tornado extremadamente peligroso, especialmente en regiones donde la presencia del Estado y las redes de protección son más débiles. Zuliana Lainez enfatizó que el periodismo cumple una labor de fiscalización social imprescindible, pero los mensajes de los agresores buscan desalentar la investigación y el escrutinio público: “El mensaje que le quieren dar al resto de periodistas es: no te metas con nosotros, no investigues”.
La ANP ha registrado que la mayoría de los comunicadores asesinados recibieron amenazas previas, incluidas advertencias explícitas y coronas fúnebres enviadas a sus lugares de trabajo, como ocurrió con Gastón Medina. En otros casos, periodistas han tenido que dejar sus actividades y ciudades para resguardar su vida ante la falta de garantías mínimas. El miedo se ha instalado como un mecanismo de silenciamiento temporal y permanente en algunas zonas.
La situación es especialmente grave en un año electoral, cuando el clima político y social suele exacerbar los riesgos para la prensa. Lainez alertó que “los contextos electorales son los peores en materia de seguridad para el ejercicio del periodismo”, ya que la polarización y los conflictos sociales incrementan las amenazas y ataques contra quienes investigan el uso de recursos públicos o el accionar de candidatos.
La presencia cada vez más sólida de economías ilegales en regiones, sumada a la erosión de la libertad de expresión, alimenta la vulnerabilidad de los periodistas independientes.
Periodistas asesinados en regiones: una tendencia alarmante
Mitzar Castillejos Tenazoa, conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM y director del portal Bato a Informarte Noticias, fue atacado por dos sicarios en pleno centro de Aguaytía el 12 de diciembre. Tras sufrir graves heridas, fue trasladado a hospitales de Tingo María y Lima, donde permaneció catorce días bajo cuidados intensivos hasta su fallecimiento. Su caso ha generado consternación nacional y ha evidenciado la precariedad de la protección estatal para periodistas en regiones.
Antes de Castillejos, fueron asesinados Gastón Medina en Ica, Raúl Celis en Iquitos y Fernando Núñez Guevara en Pacasmayo, todos mientras ejercían la investigación crítica desde medios independientes. Ninguna de estas muertes estuvo vinculada a robos o delitos comunes; en todos los casos, la labor periodística y las denuncias contra autoridades locales fueron el factor común tras los ataques.
La presidenta de la ANP subrayó que la falta de avances en las investigaciones y la persistente impunidad fortalecen el mensaje intimidatorio hacia el gremio periodístico. “Es de terror que le quiten la vida a un colega, pero el mensaje está ahí clarísimo: no te metas con nosotros, no investigues”, advirtió Lainez. La sociedad civil y las organizaciones defensoras de la prensa demandan acciones concretas y urgentes para revertir la tendencia de violencia y proteger el derecho de la ciudadanía a estar informada.
La muerte de Castillejos y de los otros tres periodistas en 2025 marca un punto crítico para el periodismo peruano, que enfrenta una peligrosa espiral de ataques, amenazas e impunidad. Sin justicia y sin protección efectiva, el riesgo de nuevos crímenes permanece latente, mientras la demanda de garantías y respeto para el trabajo periodístico se vuelve cada día más urgente.
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