CCL en CADE Ejecutivos 2025: “Sería buena idea encargar las cárceles al sector privado, y no solo su construcción”, señala De la Tore

Roberto De la Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), demanda con urgencia simplificar trámites estatales, garantizar continuidad en proyectos de inversión y aprovechar el rol del sector privado en la lucha contra la inseguridad ciudadana, en el marco de un escenario preelectoral marcado por la incertidumbre y la expectativa de recuperación sostenida. Además, asegura que dotar de tecnología e infraestructura a la Policía Nacional del Perú (PNP) es una tarea en la que también podría contribuir el empresariado peruano, pero se necesita voluntad política.

La ministra de Economía y Finanzas ha resaltado la desburocratización y la inversión para combatir la inseguridad. ¿Cómo han recibido este mensaje los empresarios del país?

Ha tenido un buen enfoque. Primero, comentó la proyección de crecimiento para este año de 3,5%, dos décimas más en relación al año pasado. Además, habló de cumplir la meta fiscal de 2,2% para este año y 1,8% para el siguiente. Lo mejor de nuestra economía es la fortaleza macroeconómica, pero teníamos un punto débil en el déficit fiscal. Ahora nos ha asegurado que se va a corregir.

La ministra destacó la importancia de continuar con el shock regulatorio, eliminar barreras burocráticas, simplificar trámites y licencias, lo que facilita los negocios y atrae inversión. Sin inversión no hay empleo. Es una buena señal que se continúe con el shock regulatorio iniciado hace unos meses con el exministro Salardi, y trabajar en esa línea de acción.

¿Y en materia de inversión?

En cuanto a la inversión, la ministra dijo que van a repriorizar el presupuesto presentado por el anterior gobierno. Esa repriorización se dirigirá a la seguridad ciudadana como principal eje y prioridad en el presupuesto, lo cual es fundamental, porque si queremos combatir la criminalidad se necesita presupuesto. Sin presupuesto no hay avances. Es necesario dotar de recursos a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Priorizar la seguridad ciudadana y culminar las obras en marcha es imprescindible.

Hemos tenido problemas con la ANIN por falta de presupuesto: se han paralizado obras y dejado de pagar a proveedores y empresas constructoras. La ministra está asegurando que se dará continuidad, porque en el presupuesto anterior se consideraba para la ANIN unoes 3.000 millones, cuando en realidad necesitaba 8.000, dejando un vacío de financiamiento. Es importante garantizar la continuidad de estas obras y el aseguramiento presupuestal en ese sentido.

Pero no todo puede ser recuperar las obras, habrán nuevas primeras piedras qué colocar.

También habrá obras mayores, pero sin descuidar las cuentas y el equilibrio fiscal. La principal herramienta serán las APPs y las obras por impuestos. Son buenas señales mantener el déficit fiscal controlado, continuar las obras en marcha y priorizar infraestructura, sobre todo APPs, sin descuidar el equilibrio fiscal.

¿Qué tan importante podría ser la articulación entre los sectores públicos y privados en la lucha contra la inseguridad ciudadana?

Es clave. Las APP, las obras por impuestos y los proyectos por activos son tres mecanismos básicos para la inversión. Consideramos que las obras por impuestos son una herramienta muy útil porque puede haber presupuesto en el Estado, pero los problemas de gestión impiden culminar los proyectos.

Si el sector privado puede apoyar en dotar de tecnología e infraestructura a la Policía Nacional, por ejemplo en comisarías y equipamiento, se puede avanzar bajo mecanismo de obras por impuestos y comprar mucho más rápido, como equipos para desencriptar celulares, que cuestan alrededor de 300.000 dólares y que las empresas pueden adquirir más eficientemente que el Estado.

En materia penitenciaria, se ha hablado en el Congreso sobre la posibilidad de que el sector privado también contribuya en la administración de penales. ¿Es una buena idea?

Hace años se conversó sobre la posibilidad de concesionar y gestionar centros penitenciarios con el sector privado. Creo que sí sería una buena idea, aunque habría que analizar el costo.

El presidente del Congreso, el señor Rospigliosi, mencionó que existe un déficit de personal en el INPE: hay 11.000 y se necesitan 33.000 agentes, y en los últimos tiempos no han salido nuevos egresados. Los sueldos son muy bajos y existe corrupción interna.

El Estado no es buen administrador ni gestor. Sería interesante analizar la concesión de cárceles y la gestión por empresas especializadas. Además, recordemos que también se pueden construir cárceles con obras por impuestos.

Claro, porque una cosa es la custodia y otra la construcción.

Exacto, la construcción es otro aspecto.

Además, estamos en plena campaña presidencial. Pueda que tengamos candidatos que prometan construir 10 cárceles por día.

Definitivamente, la seguridad es el principal problema del país. En campaña, todos los partidos intentarán sintonizar con la ciudadanía a través de ese tema. Hay que estar atentos a lo que ofrezcan los candidatos. Los gremios empresariales analizaremos y filtraremos las propuestas para determinar cuáles son inviables o populistas. Para combatir la criminalidad se necesitan cuatro cosas: liderazgo, presupuesto, inteligencia y articulación entre los actores.

Cualquier promesa debe considerar los recursos y la fuente de financiamiento. No se trata de decir que se harán diez cárceles en cinco meses, sino de ver si eso realmente es viable. Quizás no se pueden hacer diez, pero sí dos. Además, hay que fortalecer la inteligencia y la articulación entre Policía, Fiscalía, Poder Judicial, INPE, sociedad civil y gremios empresariales. Todos tenemos que trabajar juntos. Estaremos atentos al análisis de propuestas.