El próximo viernes vence el plazo para el inicio pleno de operaciones de la empresa San Antonio de Torontoy en la ruta Hiram Bingham, conexión fundamental entre el pueblo de Machu Picchu y la ciudadela inca. La Municipalidad Provincial de Urubamba anunció que realizará una fiscalización para verificar por qué la nueva concesionaria no ha comenzado con el servicio completo, pese a haberse otorgado la autorización correspondiente y tras semanas de conflicto con Consettur Machu Picchu SAC, empresa que operó la ruta durante tres décadas.
Fiscalización tras el vencimiento de la tregua
El alcalde de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, declaró que este viernes 17 de octubre marca el fin de la tregua entre las empresas involucradas y que la municipalidad ingresará a la ruta para inspeccionar las operaciones. “A partir del día 17, nosotros estamos entrando con la fiscalización tanto a Consettur, que es una empresa que ya no tiene título habilitante, y también a la empresa San Antonio de Torontoy. ¿El por qué no está operando?”, afirmó el funcionario local a RPP Noticias. La autoridad señaló que la suspensión de contrato vence ese día y que, a partir del 18, San Antonio de Torontoy debería operar al cien por ciento con su flota de buses.
El proceso de transición se ha visto obstaculizado por desacuerdos entre las empresas y la negativa de algunos actores a ceder espacio para el ingreso de la nueva concesionaria. El alcalde atribuyó estas dificultades a la postura de Consettur y de Perurail, situación que será motivo de fiscalización inmediata.
Un conflicto que tensó la ruta a Machu Picchu
La controversia entre ambas compañías se originó a comienzos de septiembre, cuando el contrato de Consettur Machu Picchu SAC llegó a su fin después de treinta años de vigencia. La buena pro fue otorgada a San Antonio de Torontoy por parte de la Municipalidad de Urubamba, lo que generó protestas y enfrentamientos. Trabajadores de ambas empresas y miembros de comunidades locales protagonizaron bloqueos y desinformación, afectando el paso de turistas y poniendo en riesgo la imagen internacional de Perú como destino seguro.
La situación alcanzó su punto crítico en Ollantaytambo, donde las manifestaciones y los choques entre las partes amenazaron la continuidad del servicio de transporte a una de las principales atracciones turísticas del país.
Intervención estatal y acuerdos de contingencia
Frente a la escalada del conflicto, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) convocó a las partes en Lima y logró el establecimiento de un acuerdo que permitió reanudar el tránsito de pasajeros. Consettur y San Antonio de Torontoy se comprometieron a implementar un plan de contingencia, garantizando la operación de la ruta sin interrupciones y bajo normas legales. En paralelo, la Municipalidad de Urubamba fue designada para informar a las comunidades sobre el avance del proceso y la Policía Nacional, junto a las autoridades locales, asumió tareas de seguridad para los visitantes.
La PCM subrayó la necesidad de evitar episodios de violencia como los que se vivieron en la región semanas atrás. El acuerdo alcanzado permite la continuidad temporal del servicio, pero deja pendiente la definición del operador definitivo.
Una ruta estratégica bajo presión
La ruta Hiram Bingham, con apenas nueve kilómetros de extensión, genera millones de dólares por el flujo constante de turistas nacionales y extranjeros. Cualquier paralización tiene efectos inmediatos en la economía local y en los sectores de hotelería, gastronomía, guías turísticos y artesanos.
A lo largo de décadas, el monopolio de Consettur ha sido objeto de cuestionamientos por prácticas restrictivas y tarifas elevadas. El ingreso de San Antonio de Torontoy fue recibido como una oportunidad para introducir competencia y mejores condiciones, aunque el cambio ha destapado tensiones políticas y comerciales en Cusco.
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