Organizaciones internacionales de derechos humanos emitieron un comunicado alertando sobre crecientes ataques al sistema de justicia en Perú. Según estas entidades, tanto el Congreso como el Ejecutivo estarían impulsando medidas que debilitan el control judicial y favorecen la impunidad de funcionarios investigados por corrupción y violaciones a derechos fundamentales. La situación refleja un deterioro progresivo del marco democrático en el país.
El comunicado señala que la aprobación y promulgación de una ley de amnistía destinada a absolver a militares y policías acusados de graves violaciones a derechos humanos ha generado preocupación internacional. Jueces y fiscales que aplican la Constitución y tratados internacionales se enfrentan a procedimientos disciplinarios impulsados por miembros del Congreso con intereses en proteger la impunidad, lo que limita la autonomía del Poder Judicial.
Presiones sobre la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía
La Junta Nacional de Justicia (JNJ), encargada de supervisar y nombrar jueces y fiscales, se encuentra actualmente en el centro de cuestionamientos por supuestas irregularidades en sus procesos internos. La organización internacional sostiene que este organismo podría suspender a la Fiscal de la Nación mediante procedimientos en los que no se le permite ejercer plenamente su defensa, con el objetivo de modificar la conducción de investigaciones penales que afectan a altos funcionarios del Estado.
Entre los casos más preocupantes se encuentran indagaciones que involucran a la presidenta, su hermano, expresidentes y más de un centenar de congresistas. Según el comunicado, 105 de los 130 legisladores enfrentan investigaciones o procesos penales por delitos graves, incluidos actos de corrupción, lo que evidencia la magnitud de la crisis institucional.
Ley de amnistía y amenazas a jueces
La ley de amnistía aprobada por el Congreso y respaldada por el Ejecutivo busca exonerar a miembros de las fuerzas armadas y la policía por violaciones a derechos humanos. Su implementación ha generado enfrentamientos legales, ya que fiscales y jueces que se niegan a aplicarla argumentan que contraviene la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
Según las organizaciones firmantes, los procedimientos disciplinarios contra jueces y fiscales son impulsados por legisladores con intereses particulares, quienes realizan declaraciones públicas que podrían intimidar a los operadores judiciales. Esta situación debilita la independencia del Poder Judicial y reduce la capacidad de las instituciones para supervisar la legalidad de las decisiones del Ejecutivo y Legislativo.
Recomendaciones internacionales y seguimiento de la CIDH
El comunicado solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considerar la inclusión de Perú en el Capítulo IV.B de su Informe Anual 2025. Este mecanismo permite un monitoreo cercano de países donde se identifican afectaciones graves al orden democrático y los derechos fundamentales. Las organizaciones sostienen que la medida visibilizaría la gravedad de la situación y facilitaría acciones internacionales para proteger el Estado de derecho.
Además, las ONG hacen un llamado a la comunidad internacional y a organismos multilaterales para que adopten medidas concretas que garanticen la independencia judicial y el respeto de los derechos humanos. La alerta coincide con un año previo a las elecciones presidenciales, momento en el que la estabilidad institucional y la protección de los contrapesos democráticos resultan fundamentales para evitar un deterioro irreversible.
Riesgos para el Estado de derecho
El debilitamiento de la Fiscalía y la presión sobre la JNJ podrían alterar el liderazgo de la institución encargada de las investigaciones penales, lo que afectaría el avance de casos clave contra funcionarios del más alto nivel. Esto genera un riesgo significativo para la aplicación efectiva de la ley y la supervisión de actos de corrupción, dificultando la rendición de cuentas dentro del Estado peruano.
Las organizaciones internacionales advierten que la combinación de leyes de amnistía, procedimientos disciplinarios irregulares y amenazas a jueces crea un escenario de vulnerabilidad institucional. La intervención de organismos multilaterales y la observación de la CIDH se presentan como herramientas clave para preservar la autonomía del Poder Judicial y la integridad del sistema democrático peruano.
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