El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que renegociará el cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tras la controversia generada por el nuevo cargo dirigido a pasajeros en tránsito, que está próximo a implementarse.
La medida surge luego de que Lima Airport Partners (LAP) informara que la tarifa aplicará al iniciar operaciones el nuevo terminal, lo que ha provocado inquietud entre usuarios y autoridades legislativas.
MTC: controversia por TUUA de transferencia en vuelos de conexión
ElOrganismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) confirmó que la tarifa temporal de TUUA de transferencia vigente actualmente asciende a US$6,79 más IGV para pasajeros en tránsito en vuelos nacionalesyUS$10,74 más IGV para vuelos internacionales.
Esta tarifa se cobra a quienes están en conexión, tanto dentro del país como hacia el exterior, situación antes exenta de este pago. La discusión se centra ahora en el escenario previsto para octubre, cuando se definirán los montos definitivos y las fechas exactas de inicio.
Aerolíneas esperan fecha oficial para nueva tarifa TUUA en Jorge Chávez
La TUUA de transferencia grava a quienes hacen escala en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), tanto en rutas domésticas como internacionales, e implica un pago adicional para quienes conectan vuelos dentro del país o hacia el extranjero.
Es importante distinguir este nuevo cobro, ya que existe una TUUA de salida para vuelos de origen doméstico o internacional, pero el foco actual recae en la tarifa específica de transferencia y su repercusión en pasajeros en conexión.
De acuerdo con la Adenda 6 del Contrato de Concesión, la habilitación de la TUUA de transferencia queda sujeta a la inauguración del nuevo terminal. Aunque inicialmente se había contemplado que el nuevo cobro comenzaría el 26 de septiembre, Carlos Gutiérrez, presidente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (AETAI), informó en el Congreso de la República que la fecha podría aplazarse hasta octubre y que las aerolíneas permanecen a la espera de la notificación de LAP sobre el día exacto.
La tarifa tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030 y cada año se actualizará según la inflación, en línea con el régimen tarifario de los aeropuertos nacionales.
Usuarios y operadores rechazan doble cobro en aeropuerto Jorge Chávez
En sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, presidida por Katy Ugarte, se reiteró el pedido de transparencia y protección para los usuarios afectados. “Este doble cobro constituye un abuso y una afectación directa a los consumidores. No estuvo en el contrato original y debe ser revisado con total transparencia”, manifestó Ugarte. La parlamentaria remarcó que el Congreso permanecerá vigilante y solicitó al MTC y Ositrán ejercer mayor control frente a posibles prácticas abusivas.
La representante del MTC, Reyna Huamani Huarcaya, mencionó que la institución ya gestiona la modificación del contrato de concesión, con el objetivo de reducir el impacto de la TUUA de transferencia en pasajeros nacionales. “Somos conscientes de que este cargo afecta la economía de nuestros viajeros y turistas, y por ello estamos trabajando con nuestro equipo técnico y en coordinación con Ositrán para evaluar mecanismos que permitan reducir este costo”, puntualizó.
Tarifa de transferencia regirá hasta 2030 y se ajustará por inflación
Durante el debate parlamentario, se dio a conocer que el cobro de la TUUA de transferencia afectará principalmente a viajeros de provincias que utilizan el Aeropuerto Jorge Chávez como punto de conexión. Wilson Soto (Acción Popular) tachó el cobro como “un beneficio injustificado para la concesionaria”, mientras que Rosángella Barbarán (Fuerza Popular) exhortó al Ejecutivo a revisar la adenda contractual y evitar recargos sin justificación.
La Comisión de Defensa del Consumidor continuará investigando la aplicación de esta tarifa y evaluará la adopción de nuevas medidas de fiscalización. El artículo 65 de la Constitución Política del Perú encarga al Estado proteger los derechos de los consumidores y velar por la transparencia en los servicios públicos.
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