El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32419, ley que concede amnistía a policías y militares procesados por violaciones a derechos humanos durante la época de terrorismo.
Gutiérrez inicia el proceso de inconstitucionalidad a pesar de que la Defensoría apoyó públicamente esta norma cuando se debatía en la Comisión de Constitución del Congreso.
En abril de este año, durante una mesa técnica organizada por el congresista Jorge Montoya, el adjunto para los Derechos Humanos de la institución, Carlos Fernández Millán, aseguró que “existe una gran preocupación” institucional “porque han pasado cerca de 30 años y el sistema de justicia no ha podido resolver estos casos, perjudicando a muchas familias policiales y militares”.
Fernández Millán incluso reconoció que, ante anteriores intentos desde el Parlamento para conceder a amnistía a policías y militares procesados, la Defensoría se ha opuesto firmemente, pero que ahora “han pasado muchos años”.
“Ahora han pasado muchos años y sabemos que resulta que esta situación se resuelva de una vez. Desde la Defensoría del Pueblo estamos convencidos de que resulta necesario adoptar acciones como esta iniciativa presentada por el congresista Montoya, a quien expresamos un cordial saludo desde la Defensoría. Nos sumamos a los esfuerzos que viene realizando esta comisión”, dijo el funcionario nombrado por Josué Gutiérrez.
La declaración de Fernández Millán contradijo la posición institucional de la Defensoría, enviada a la Comisión de Constitución, donde señalaron que la iniciativa no se alinea a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como del Tribunal Constitucional, para evitar que violaciones a los derechos queden impunes.
“Es recomendable no insistir en legislar en ese sentido”, dice el informe que desconoció el funcionario de la Defensoría. “Una ley de amnistía no podría comprender delitos que expresen un manifiesto desprecio por la vida, la integridad y la dignidad de las personas, ya que ello supondría desconocer la vigencia de tales derechos, como son los ilícitos presuntamente cometidos por los civiles, militares y policiales que se pretende amnistiar con el proyecto de ley”.
Carlos Fernández Millán sigue trabajando como adjunto para los Derechos Humanos y la Población Afroperuana de la Defensoría del Pueblo.
Piden retirar demanda
Tras conocerse que el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, la sociedad civil solicitó que la retirara.
Por ejemplo, la exministra de Cultura y actividad por los derechos humanos Gisela Ortiz, cuyo hermano fue secuestrado y asesinado por el Grupo Colina, dijo: “Exigimos que Defensoría retire esa demanda. Conocemos su posición, cuando el proyecto se discutía en comisiones, adjunto de DDHH, Carlos Fernández Millán, señaló que apoyaban el proyecto de amnistía. Si TC declara que es constitucional, jueces no podrán hacer control difuso”.
A su turno, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también recordó la contradicción de la Defensoría por el respaldo a la ley de amnistía.
“Esta contradicción entre el discurso y la acción revela un trasfondo claro: promover que sea el TC quien defina la constitucionalidad de la ley y cerrar la puerta al control difuso, herramienta que permite a los jueces inaplicar normas contrarias a la Constitución”, manifestó en un comunicado.
Y agregó: “En lugar de garantizar justicia para las víctimas y sus familias, la Defensoría del Pueblo, llamada a proteger los derechos de la ciudadanía, se alinea con una ley que favorece la impunidad y pone en riesgo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Es indispensable permanecer alertas frente a todo retroceso en la protección de los derechos fundamentales”.
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