La periodista de investigación Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación del dominical Panorama de Panamericana Televisión, denunció la existencia de un presunto plan para atentar contra ella y su familia.
Según indicó, las amenazas estarían relacionadas con sus recientes reportajes sobre presuntos actos irregulares en los que aparecen implicados altos funcionarios del gobierno, incluido el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) difundió un pronunciamiento en el que expresa su preocupación y demanda una investigación urgente. La organización subraya que este caso afecta directamente a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada.
Denuncia pública y amenazas
En un video difundido en sus redes sociales el 31 de agosto de 2025, Ramírez reveló que había sido advertida por una fuente vinculada a la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior sobre la existencia de un plan para atentar contra su vida. El ataque, según explicó, buscaría encubrirse bajo la fachada de delincuencia común, como un robo o asalto violento.
La periodista señaló que incluso existiría una carpeta con seguimientos sobre sus actividades y las de sus familiares más cercanos.
“Sabemos que se ha hecho todo un esquema con mis padres, mis hermanos y mis hijos. Estas amenazas no nos amedrentan, al contrario, nos llaman a trabajar con más ahínco hasta llegar a la última evidencia”, declaró.
Ramírez sostuvo que las amenazas coinciden con la emisión de investigaciones periodísticas relacionadas con la mina El Dorado. En dichos reportajes se expuso la presunta participación de altos mandos de la Policía Nacional, así como de personajes cercanos al entorno presidencial.
Santiváñez y Nicanor Boluarte involucrados
Entre los implicados mencionó al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y a Nicanor Boluarte. En su último informe televisivo, Panorama difundió audios que comprometen al general en actividad Mejías Cajadillo, quien admitió vínculos con el proyecto minero tras ser confrontado con las pruebas.
“Hoy revelamos la actuación de un general en ejercicio, el general Mejías Cajadillo, quien es parte de la mina y ha tenido que aceptarlo ante los audios que presentamos en Panorama. Pero además están involucrados el ministro de Justicia y el hermano de la presidenta”, denunció Ramírez.
Ministro Santiváñez: “está estresada”
Consultado por RPP sobre la denuncia, el ministro Juan José Santiváñez restó importancia a lo declarado por la periodista y respondió con un comentario despectivo: “Está estresada”, dijo.
La respuesta generó indignación en medios de comunicación y en la opinión pública, al ser considerada una reacción machista y fuera de lugar frente a una amenaza que compromete la seguridad de una periodista de investigación y su familia.
Pronunciamiento del IPYS
Tras conocerse la denuncia, el Instituto Prensa y Sociedad emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por los hechos y demandó al Estado actuar con urgencia.
“El Estado tiene la obligación de proteger a quienes ejercen el periodismo, especialmente cuando investigan casos de corrupción o abuso de poder”, señaló la organización.
El IPYS recordó que la labor de Ramírez forma parte del ejercicio legítimo de la fiscalización periodística, y que cualquier atentado contra ella no solo vulneraría derechos individuales, sino que también restringiría el derecho colectivo de la ciudadanía a estar informada.
Riesgo para la libertad de prensa
Ramírez advirtió que el caso no solo refleja un riesgo para su seguridad personal, sino que pone en evidencia el difícil contexto en el que se ejerce el periodismo de investigación en el país. “Dejar en claro que esta clase de amenazas no amedrentan a los periodistas. Todo lo contrario, nos llaman a trabajar con más ahínco y a llegar hasta el último detalle”, enfatizó.
La denuncia de la periodista se suma a un clima de creciente hostilidad contra la prensa en el Perú. En la previa, el periodista Manuel Calloquispe recibió amenazas de muerte dirigidas a él y su familia a través de un mensaje de audio por WhatsApp. El comunicador identificó la voz como la de Alver Carranza Fernández, miembro de la organización criminal “Los Guardianes de la Trocha” y primo de Edison Fernández Pérez, alias “Chili”, señalado como cabecilla responsable de extorsión y control de la minería ilegal en la zona.
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