El sector construcción en Perú anticipa dificultades para sostener el dinamismo mostrado durante el primer semestre de 2025 ante la próxima escasez de recursos y la paralización de proyectos clave, particularmente los de la Autoridad Nacional de la Infraestructura (ANIN), en un escenario marcado por la política de austeridad fiscal impulsada por el gobierno.
Así lo detalla el Informe Económico de la Construcción N° 92 de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), el cual detalla que la obra pública experimentaría su peor resultado desde noviembre de 2024, situación que anticipa problemas adicionales para la industria en el cierre de este año.
CAPECO alerta sobre crisis en infraestructura por restricciones fiscales
En los primeros siete meses, el avance de la construcción superó el desempeño de la economía nacional, con una expansión de 13,2% en junio, el mejor resultado mensual desde enero de 2024. De acuerdo con el reporte de CAPECO, la actividad del sector creció el doble que el PBI nacional, impulsada principalmente por la inversión habitacional y minera.
El consumo de cemento mantiene una tendencia al alza, sumando tres meses consecutivos de incrementos, mientras que la ejecución de inversión pública aumentó 6,4% al cierre de julio. El empleo adecuado en el sector también avanzó, con una variación de 8,5% en el trimestre móvil mayo-julio.
No obstante, el informe advierte que mantener la expansión será difícil en la segunda mitad de 2025. Las alertas se encendieron tras el recorte del presupuesto de la ANIN, entidad responsable de gestionar inversiones públicas por 42.000 millones de soles y encargada de ejecutar más de 170 obras –especialmente proyectos de drenaje y manejo de cuencas para la prevención de desastres–.
Para este año, la ANIN recibió asignaciones 40% menores a las del año anterior, agotando casi la totalidad de su presupuesto en el primer semestre y viéndose obligada a paralizar obras en pleno avance. Esta situación “no responde a problemas de programación, sino a una severa restricción en la asignación de recursos por parte del gobierno central”.
Paralización de obras públicas pone en jaque al sector construcción
CAPECO remarcó que la falta de fondos afecta no solo a contratistas y proveedores, sino también a trabajadores y ciudadanos beneficiarios de los proyectos. En anteriores ocasiones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgó ampliaciones presupuestales que permitieron continuar las obras.
La diferencia este año radica en la política de reducción del déficit fiscal, que limita esos recursos adicionales y ralentiza la ejecución de infraestructuras críticas. El gremio advirtió: “Se castiga la eficiencia y se premia indirectamente a aquellos pliegos que presentan debilidades para dinamizar la ejecución de las obras”.
El informe también subraya que la problemática de la ANIN refleja una tendencia estructural en la administración pública peruana, donde la calidad en la gestión de inversiones queda comprometida no solo por falta de financiamiento, sino además por debilidades en la selección de contratistas, supervisión, y operación y mantenimiento (O&M).
Sin embargo, la sostenibilidad de las obras finalizadas tampoco está garantizada, ya que los esquemas actuales no establecen mecanismos claros de financiamiento ni tarifas diferenciales para la operación.
Más de 44.000 millones de soles en obras paralizadas en Perú
Las expectativas empresariales para 2025 coinciden ahora con el desempeño acumulado hasta julio y marcan un crecimiento sectorial de 4,8%. Sin embargo, CAPECO señala que “las mejores proyecciones no bastan” para asegurar la sostenibilidad al cierre del año. El monto de obras paralizadas ya supera los 44.000 millones de soles, mientras la adjudicación de proyectos bajo Obras por Impuestos ha crecido, pero no compensa las restricciones fiscales generalizadas.
En el contexto de la próxima campaña presidencial, que genera incertidumbre adicional, la Cámara Peruana de la Construcción sostiene que hace falta un nuevo mecanismo de asignación presupuestal por eficiencia y capacidad, acompañado por reformas en el modelo de gestión de infraestructura pública y evaluación continua de obras para evitar paralizaciones. La política fiscal restrictiva amenaza con ralentizar el cierre de brechas sociales y limitar la capacidad del sector para responder ante futuras emergencias climáticas y demandas de competitividad.
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