La Defensoría del Pueblo informó que, hasta julio de 2025, en el país se registraron 199 conflictos sociales, de los cuales 150 continúan activos y 49 se encuentran latentes.
El Reporte de Conflictos Sociales N.° 257 precisa que de los conflictos activos, 89 permanecen en fase de diálogo, 25 en proceso de desescalamiento, 21 en fase temprana y 15 en situación de escalamiento.
En comparación con meses anteriores, el informe también da cuenta de la aparición de ocho nuevos conflictos sociales en regiones como Áncash, Ayacucho, Junín, Lima Metropolitana y Tumbes. En la capital, los nuevos casos estuvieron asociados a las protestas por la falta de medicamentos en el hospital José Augusto Tello de Chosica y a las demandas presentadas por la Confederación Nacional de Mototaxis.
Loreto, Puno y Cusco concentran la mayor conflictividad
En lo que respecta a la distribución territorial, la Defensoría del Pueblo identificó que Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales con 28 casos activos en su jurisdicción. Le siguen Puno (19 casos) y Cusco (17 casos), departamentos que históricamente han registrado un alto nivel de conflictividad vinculada a la actividad minera, energética y a demandas sociales por servicios básicos.
En total, estas tres regiones concentran casi una cuarta parte de los conflictos que afectan al país.
En cuanto a la tipología, el reporte indica que los conflictos socioambientales representan el 50.3 % del total. Entre ellos, los vinculados a la minería constituyen el 30.2 % de todos los conflictos reportados en el Perú.
De los conflictos que se encuentran actualmente en fase de diálogo, el 68.5 % están relacionados con problemáticas socioambientales. Entre los casos destacados se encuentran dos conflictos en Tumbes, asociados a la descontaminación del río Tumbes debido a relaves mineros y al pedido de cambio del director del Hospital Regional II-2 JAMO.
Estos datos reflejan que los temas ambientales y mineros siguen siendo la principal fuente de tensiones sociales, sobre todo en zonas de fuerte dependencia de recursos naturales.
La Defensoría
La Defensoría del Pueblo subrayó que, como parte de su rol institucional de prevención y gestión de conflictos sociales, continúa supervisando el cumplimiento de compromisos asumidos tanto por la población como por las entidades del Estado y el sector privado en los diferentes procesos de diálogo.
El objetivo de esta supervisión es asegurar que las medidas acordadas se implementen y evitar que los conflictos escalen a fases de violencia que puedan poner en riesgo a comunidades y autoridades.
El reporte incluye también un balance de los conflictos sociales registrados en los primeros siete meses de 2025. Durante este periodo se acumularon 225 casos, cifra menor a la reportada en el mismo periodo de 2024 (251 casos) y de 2023 (239 casos).
Para la Defensoría del Pueblo, esta reducción refleja una leve tendencia a la baja en el número de conflictos sociales; sin embargo, advirtieron que el nivel de conflictividad sigue siendo elevado y requiere atención prioritaria de las instituciones del Estado.
Un aspecto resaltante es que, en lo que va del 2025, se resolvieron 11 conflictos sociales gracias al impulso de procesos de diálogo facilitados por la Defensoría y a la intervención de distintos sectores del Estado.
El análisis acumulado también permite identificar las regiones que concentran la mayor parte de los conflictos en el país. Según la Defensoría, Loreto, Puno, Cusco, Áncash y Apurímac reúnen el 47.2 % de los casos activos y latentes.
Estas regiones destacan por la presencia de proyectos mineros, demandas sociales históricas, así como por la limitada cobertura de servicios básicos como salud, educación y saneamiento, factores que alimentan la conflictividad.
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