Antes de la designación de Juan José Santivañez como ministro de Justicia, El gobierno de Dina Boluarte le encargó a este despacho organizar reuniones en diferentes regiones del país para que miembros de la sociedad civil discutan sobre la aplicación dela pena de muerte. Para lograr esta sanción, el Perú tendría que denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.
Salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SID no es una idea ajena al nuevo líder del Mininter. En diálogo con RPP, el político confesó que está de acuerdo con denunciar el pacto porque “creo que existen delitos en donde la posibilidad de resocialización de una persona es inviable, por ejemplo, violación a personas vulnerables, a niños”.
Sobre las consultas del Poder Ejecutivo sobre la aplicación dela pena de muerte, Santivañez aseguró que la presidenta solo puso sobre la mesa esta posibilidad para saber si es viable “la aplicación de la pena de muerte contra delitos como es la violación de menores. Incluso, yo me he manifestado particularmente, en donde creo que los delitos de sicariato también deberían estar incluidos".
Como se sabe, El SIDH protege a los peruanos, cuando estos no pueden encontrar justicia dentro del país donde residen. Las decisiones de la Corte IDH son vinculantes, por lo que el Estado debe reconocer.
La amenaza de Boluarte a la CIDH
Dina Boluarte, manifestó su apoyo a la reciente ley de amnistía aprobada por el Congreso, una norma que ha generado controversia dentro y fuera del país. La jefa de Estado defendió la medida al considerar que representa “un acto de justicia” para quienes enfrentan procesos judiciales relacionados con hechos ocurridos durante periodos de convulsión social.
Durante su pronunciamiento, cuestionó abiertamente las advertencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), organismo internacional que rechazó la ley y solicitó a Perú evitar la aplicación de amnistías que puedan favorecer la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos. La mandataria afirmó: “No permitiremos la intervención de la Corte IDH en los asuntos internos del país”, replicó.
El texto de la ley de amnistía señala que quedarán exentos de responsabilidad penal miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, civiles y funcionarios procesados por hechos vinculados a protestas u operativos organizados entre 2021 y 2023. Los actores de la ociedad civil, organismos de derechos humanos y representantes de víctimas han expresado su rechazo a la norma.
Boluarte sostuvo que el objetivo es “reconocer la labor de quienes garantizaron el orden y la seguridad nacional”. Sin embargo, agrupaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtieron sobre los riesgos de impunidad para responsables de actos que ocasionaron lesiones o muertes durante protestas.
El respaldo presidencial a la ley de amnistía agudizó la polémica institucional y diplomática. La posición del Gobierno ha provocado reacciones en organismos internacionales, así como en entidades nacionales que exigen el respeto a estándares de protección de derechos fundamentales.
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