El Gobierno peruano, a través de un despliegue coordinado entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), ejecutó este lunes 18 de agosto un duro golpe a la minería ilegal en el distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, región Cajamarca.
La intervención se desarrolló en la localidad de Algamarca y estuvo enfocada en detectar, incautar y destruir bienes destinados a actividades de explotación ilícita de minerales, cuyo valor total asciende a más de 92 millones de soles.
El operativo en Algamarca: despliegue masivo y hallazgos
En el operativo participaron 240 efectivos de distintas direcciones de la Policía Nacional, fiscales de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), así como especialistas técnicos del Minem y fiscalizadores de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Durante la acción, las autoridades identificaron espacios subterráneos habilitados como socavones, utilizados para la extracción ilícita de minerales. Estos lugares estaban acondicionados con instrumentos propios de explotación minera, además de campamentos instalados para facilitar la permanencia de trabajadores ilegales en la zona.
En el recorrido, los equipos hallaron:
- Mineral en bruto ya explotado.
- Captación de agua subterránea, destinada al proceso de extracción.
- Maquinarias y equipos de minería.
- Hidrocarburos e insumos químicos utilizados en la actividad.
- Material explosivo y enseres que confirmaban la magnitud de la operación ilegal.
Tras la verificación por parte de los especialistas del Minem y de la Fiscalía, se dispuso la interdicción total de los bienes, en cumplimiento del Decreto Legislativo N.° 1100, que faculta la destrucción e inutilización de activos empleados en minería ilegal.
La División Contra la Minería Ilegal (Divcomin) de la PNP ejecutó estas medidas bajo estrictos protocolos de seguridad para evitar incidentes durante la eliminación del material incautado.
Impacto de la interdicción y compromiso del Estado
El valor de lo destruido supera los 92 millones de soles, cifra que refleja la magnitud de la actividad ilícita instalada en la zona de Algamarca. Según las autoridades, esta intervención busca frenar la expansión de economías ilegales que se alimentan de la explotación descontrolada de recursos naturales.
La minería ilegal en el país no solo representa una pérdida millonaria para el Estado en términos de recaudación y control económico, sino que también tiene un alto impacto ambiental y social. En localidades como Algamarca, esta práctica genera:
- Deforestación y contaminación de suelos y aguas con insumos químicos.
- Riesgo en la salud de comunidades cercanas, debido a la exposición a metales pesados.
- Amenazas a la seguridad de poblaciones locales, al convivir con explosivos y campamentos clandestinos.
- Afectación de actividades económicas formales, como la agricultura y ganadería.
El Gobierno resaltó que este tipo de operativos forman parte de un plan sostenido de interdicción contra la minería ilegal, en el que intervienen diversos sectores del Estado de manera articulada. La participación de la Sunat y del Minem asegura el control de insumos químicos y bienes fiscalizados, considerados estratégicos en la cadena de la minería ilegal.
Además, se busca reforzar la presencia del Estado en territorios históricamente vulnerables a estas actividades, priorizando la seguridad ciudadana y la protección de ecosistemas frágiles.
Las autoridades señalaron que se intensificarán las acciones de inteligencia, control y fiscalización, a fin de impedir la reactivación de estas actividades ilícitas. Además, el Ministerio Público evaluará las responsabilidades penales correspondientes a quienes resulten vinculados con la red que operaba en Algamarca.
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