La ex primera ministra Betssy Betzabet Chávez Chino, actualmente recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, anunció que iniciará una huelga de hambre seca como medida extrema de protesta contra los presuntos maltratos, torturas y violaciones de derechos humanos que asegura sufrir en prisión.
En una carta testamentaria escrita de puño y letra, la también excongresista por Tacna expresó que se encuentra “humanamente imposibilitada de continuar resistiendo físicamente” frente a lo que describe como un hostigamiento sistemático del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Una carta como despedida
El documento, difundido por su defensa legal, contiene instrucciones precisas en caso de fallecimiento. Chávez delega a su madre, Herminia Chino Calli, como su representante legal, y solicita que, de morir, sus restos sean entregados al abogado Raúl Noblecilla en la Morgue Central de Lima para luego ser trasladados a su ciudad natal, Tacna, donde pide que sean cremados.
Además, la exfuncionaria exige poder realizar una videollamada con sus padres antes de cualquier desenlace fatal y recibir la bendición del sacerdote José Manuel Alonso. “Dejo mi espíritu de lucha constante, mi carácter pacifista y mi voz en los corazones de todos los peruanos que anhelan un Perú más justo y humano”, escribió en la misiva fechada el 19 de agosto de 2025.
Denuncias de abusos y dopaje
En su carta, Chávez sostiene que las autoridades penitenciarias buscan impedir que pueda ejercer una defensa adecuada en el proceso judicial que enfrenta por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022.
“La consigna es evitar que yo me defienda en juicio oral y lo que se busca es que yo asista solo como un ornamento, ya que me envían dopada a diligencias judiciales con fluoxetina y alprazolam”, acusó.
Asimismo, denunció que sufre “acoso, maltrato y tortura” de manera cotidiana, lo que incluye impedimentos para acceder a atención médica adecuada y amenazas constantes. “Hacían reglaje constante, amenazas de muerte, no permitiéndome reunir con mi defensa técnica”, añadió en la carta.
Un historial de acusaciones
Las denuncias de Chávez contra el sistema penitenciario no son nuevas. En julio de 2025, durante una de sus audiencias judiciales, afirmó que en el penal de Chorrillos existe un sistema de corrupción que incluye chantaje sexual, cobro de cupos y sobornos.
En aquella ocasión señaló directamente a la directora del penal, Nelly Aquino Guardales, como responsable de permitir que internas con mayor poder adquisitivo se beneficien con privilegios indebidos. “La directora ha convertido el penal en su patio trasero. Trabajan de la mano con internas con dinero, a quienes les permiten ser las dueñas del penal a cambio de dádivas”, declaró ante el tribunal.
El proceso judicial pendiente
Chávez, quien fue ministra de Cultura y luego presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, enfrenta un proceso por el delito de rebelión en agravio del Estado. La Fiscalía de la Nación ha solicitado 25 años de prisión para ella, al considerarla presunta coautora del intento de golpe de Estado que terminó con la detención del exmandatario el 7 de diciembre de 2022.
La exfuncionaria se ha declarado inocente y asegura ser víctima de persecución política. Desde su encarcelamiento en junio de 2023, ha denunciado en reiteradas ocasiones condiciones de reclusión que considera inhumanas.
Huelga de hambre seca
La medida anunciada ahora radicaliza las anteriores acciones de protesta que Chávez había emprendido dentro de prisión. “He decidido retomar y radicalizar mi medida de fuerza a una huelga de hambre seca. No he de permitir revisión médica ni tampoco reanimación en ningún centro hospitalario”, advierte en su carta.
Especialistas en derechos humanos han alertado que una huelga de hambre seca, que implica no ingerir alimentos ni líquidos, puede tener consecuencias letales en pocos días debido a la deshidratación severa y al colapso orgánico.
Silencio oficial
Hasta el cierre de esta nota, ni el INPE ni el Ministerio de Justicia han emitido un pronunciamiento público sobre las acusaciones de Chávez ni sobre las peticiones formuladas en su carta testamentaria.
La situación de la ex primera ministra se suma a una serie de cuestionamientos sobre la gestión penitenciaria en el Perú y sobre el respeto a los derechos humanos de los internos, en especial aquellos involucrados en procesos de alta exposición política.
Una decisión con repercusión política
El caso de Betssy Chávez no solo tiene implicancias judiciales, sino también políticas. Como ex primera ministra y figura cercana a Pedro Castillo, su situación carcelaria es seguida de cerca por sectores de izquierda que la consideran una presa política, mientras que otros sectores políticos la señalan como corresponsable de la grave crisis institucional de diciembre de 2022.
Su carta, en la que prácticamente se despide, pone nuevamente en debate las condiciones del sistema penitenciario peruano y los límites de la protesta en situaciones de encarcelamiento.
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