La admisión a trámite de la denuncia constitucional contra Delia Espinoza, fiscal de la Nación, aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, provocó un fuerte pronunciamiento. El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, señaló que la decisión del Legislativo representa una actitud “prepotente” e “ilegal”, que pone en peligro la autonomía institucional y la estabilidad de sus principales autoridades.
Advirtió que esta movida parlamentaria se inscribe en una estrategia con el fin de “destituir a todos los fiscales supremos” y “reorganizar” el principal órgano de persecución penal, con el propósito de “imponer a quienes están a cargo” de la institución. “Esto no es nuevo, vienen tratando de hacerlo ya de un tiempo a esta parte y ello constituye una actitud no solamente prepotente, sino ilegal, que afecta a la Constitución porque el Ministerio Público es un ente autónomo. Afecta la estabilidad en los cargos respecto a los fiscales supremos porque ellos gozan de estabilidad en el cargo”, precisó en declaraciones a RPP.
Para Cubas, la denuncia que se le imputa a Delia Espinoza tiene fuertes elementos de arbitrariedad. “¿Qué es lo que se le imputa a la doctora Espinoza? Que el Dr. Sánchez estaba siendo investigado penalmente por estos hechos y que ella habría archivado la investigación. Y que eso se ha producido por un intercambio de favores. Claro, porque Sánchez le habría pedido: ‘me archivas la investigación y yo voto por ti, para que seas fiscal de la Nación’. Es totalmente absurdo, novelesco, antojadizo”, expresó el vocero del Ministerio Público.
Como se sabe, con 11 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) admitió a trámite el informe que declara procedente la denuncia contra la fiscal de la Nación, por presunto encubrimiento personal a Pablo Sánchez y presunto cohecho activo específico. En ese contexto, se cuestiona la llamada que Gustavo Gorriti habría hecho al fiscal Sánchez durante una indagación en IDL-Reporteros.
Al respecto, consideró que la diligencia fue irregular, pese a que fue la propia Fiscalía la que aclaró que Nora Córdoba iba a investigar a los funcionarios no aforados. “La fiscal de turno decide que un fiscal adjunto se constituya hasta las oficinas de IDL, que entreguen las fuentes de información y la institución lógicamente se ha negado. Los involucrados de estos hechos serían miembros de la Corte Suprema, Fiscalía Suprema y del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, una fiscalía provincial nada tenían que ver con la investigación de esos hechos, sino a la fiscalía de la nación y luego a un fiscal supremo. La diligencia fue irregular totalmente”, expresó
La trascendencia de esta denuncia también movilizó reacciones internacionales. Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados, expresó su preocupación ante la medida y advirtió que puede dañar la autonomía y la independencia operativa del sistema judicial peruano.
“Estas acciones podrían poner en grave riesgo la independencia del Ministerio Público, incluyendo garantías de autonomía institucional, estabilidad en el cargo y protección frente a interferencias políticas”, indicó la especialista, por medio de su cuenta oficial de Twitter/X.
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