Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso busca modificar los requisitos para acceder al servicio de taxi en el Perú. La propuesta legislativa, identificada como Proyecto de Ley N.º 11850/2024-CR, permitiría que conductores con brevete A-I, es decir, sin licencia profesional, puedan ofrecer este servicio, siempre que cumplan una serie de condiciones establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El autor de esta iniciativa es el congresista Nivardo Edgar Tello Montes, de la bancada Perú Libre, quien argumenta que esta medida busca fomentar la formalización del transporte y abrir nuevas oportunidades laborales para miles de conductores, especialmente aquellos que actualmente trabajan de forma independiente o a través de aplicaciones móviles.
Requisitos que deberán cumplir los conductores con brevete A-I
Los conductores que deseen acogerse a esta norma deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- No registrar infracciones graves ni muy graves durante los últimos 12 meses.
- Contar con una autorización municipal vigente para brindar el servicio de taxi.
- Aprobar un curso básico de seguridad vial y atención al usuario, validado por el MTC o una entidad competente.
- Tener un vehículo inscrito en el Registro de Servicio de Taxi.
- Contar con SOAT vigente.
- Aprobar la inspección técnica vehicular correspondiente.
¿Qué es el brevete A-I y para qué sirve actualmente?
La licencia de conducir categoría A-I permite manejar vehículos particulares, como automóviles, station wagon o SUV, destinados al transporte personal. Actualmente, no autoriza a prestar servicios públicos, como el taxi o transporte de pasajeros.
Para realizar actividades de transporte público, como el servicio de taxi formal, es obligatorio contar con una licencia A-IIa, que acredita formación y conocimientos adicionales, incluyendo normas de tránsito, atención al usuario y primeros auxilios.
¿Qué propone el proyecto de ley?
La iniciativa legislativa plantea habilitar a conductores con licencia A-I para que puedan brindar el servicio de taxi bajo ciertas condiciones. Según el texto del proyecto, esto se lograría sin comprometer la seguridad vial ni la calidad del servicio, pero flexibilizando los requisitos administrativos que hoy rigen este rubro.
Además, se propone que la competencia para autorizar y fiscalizar el servicio de taxi regrese a las municipalidades provinciales, incluso en Lima y Callao, donde actualmente está bajo responsabilidad de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
Estas condiciones buscan garantizar un mínimo de control y preparación para los conductores, aunque no se exige la capacitación profesional obligatoria que sí se requiere para obtener una licencia A-IIa.
¿Qué pasaría con la ATU si se aprueba este proyecto?
Uno de los cambios más relevantes que plantea esta propuesta es que las municipalidades retomarían la función de otorgar autorizaciones para el servicio de taxi en sus respectivas jurisdicciones. Esto representaría un cambio normativo importante en ciudades como Lima y Callao, donde actualmente esta tarea corresponde exclusivamente a la ATU.
La Autoridad de Transporte Urbano tiene entre sus funciones estandarizar y fiscalizar el transporte urbano en estas regiones. Sin embargo, si esta ley prospera, la regulación quedaría descentralizada, permitiendo que cada gobierno local establezca sus condiciones específicas.
¿A quién beneficiaría esta propuesta?
El proyecto apunta principalmente a los conductores que operan con apps de taxi como Uber, Cabify, InDriver o similares, muchos de los cuales no cuentan con licencia profesional y por tanto se encuentran en una zona gris en términos legales.
Al brindar una ruta formal para que estos trabajadores puedan regularizar su situación, la norma podría ampliar el acceso al trabajo formal y con derechos, según el argumento de sus impulsores.
¿Cuál es el proceso que sigue esta propuesta?
El Proyecto de Ley N.º 11850 deberá ser evaluado primero en las comisiones del Congreso, como la de Transporte y Comunicaciones. Luego podría ser debatido en el Pleno del Congreso, donde se decidirá si se aprueba, se modifica o se archiva.
Mientras tanto, el debate ya se ha abierto entre quienes defienden esta flexibilización como una medida proempleo y quienes la cuestionan por sus posibles efectos en la seguridad vial y la calidad del servicio de transporte urbano.
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