El congresista Luis Ángel Aragón Carreño presentó un proyecto de ley que propone declarar en emergencia el Santuario Histórico de Machu Picchu y reorganizar su estructura administrativa, con el objetivo de garantizar su adecuada conservación y mejorar la experiencia de los miles de turistas que lo visitan cada año.
La propuesta, sustentada en la importancia histórica, cultural, espiritual y paisajística del sitio, plantea una intervención urgente debido a los constantes problemas registrados en la gestión del destino, considerado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la Unesco. Según la iniciativa, las deficiencias actuales no solo deterioran la imagen del país a nivel internacional, sino que también generan pérdidas económicas significativas para el Cusco y el Perú.
Como primer paso, el proyecto contempla que el Ministerio de Cultura, en coordinación con el Gobierno Regional del Cusco, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), la Municipalidad Distrital de Machu Picchu y el Comité Consultivo Regional de Turismo del Cusco realicen una evaluación del estado situacional de la administración del santuario en un plazo máximo de 60 días.
El diagnóstico deberá identificar debilidades en la actual estructura operativa de la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM), entidad encargada de coordinar y supervisar las acciones relacionadas con la protección del sitio. A partir de los resultados, se espera impulsar una reorganización que fortalezca el rol técnico y operativo de dicha unidad.
Venta de boletos, accesos y servicios: los ejes del diagnóstico
El proyecto de ley también plantea revisar los actuales mecanismos de distribución y control de venta de boletos, tanto virtual como presencial. Esta medida busca hacer frente a problemas como la reventa de entradas, las largas colas que se forman en las zonas de acceso y la falta de un sistema eficaz de fiscalización.
Además, se propone implementar reformas que mejoren las rutas de ingreso y circulación dentro del santuario, así como los servicios básicos destinados a los turistas nacionales y extranjeros. Entre los puntos críticos mencionados en la iniciativa figuran la atención sanitaria, la seguridad, la señalización y el manejo de residuos sólidos.
El documento subraya que la desorganización en la gestión actual compromete no solo la sostenibilidad del patrimonio, sino también la experiencia de los visitantes, lo que podría tener un impacto negativo en la promoción del país como destino turístico.
De acuerdo al congresista impulsor del proyecto, la propuesta responde a lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, que señala como deber esencial del Estado la defensa del patrimonio cultural de la Nación y la promoción del bienestar general de la población.
“El valor simbólico y económico de Machu Picchu exige una respuesta inmediata y efectiva que permita garantizar su preservación y optimizar su aprovechamiento turístico, en beneficio del país y de las comunidades locales”, sostiene la iniciativa.
La propuesta legislativa será evaluada en las próximas sesiones del Congreso, en medio de un contexto de creciente presión por parte de gremios turísticos y autoridades regionales que exigen soluciones concretas a la actual crisis de gestión en el principal atractivo turístico del país.
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