Este 4 de julio, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada rechazó la solicitud presentada por la defensa del exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, quien buscaba una variación de la medida de prisión preventiva por una menos grave, como la comparecencia simple.
La solicitud fue declarada infundada el 3 de junio de 2025 por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, y la decisión fue confirmada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, después de un recurso de apelación interpuesto por la defensa de Cerrón.
Cerrón Rojas está siendo investigado por presunta organización criminal y lavado de activos, delitos vinculados al Movimiento Político Regional Perú Libre, fundado por él. El Ministerio Público ha señalado que, como líder de esta organización, Cerrón habría utilizado su posición para ejecutar diversos actos ilícitos, incluyendo el financiamiento de campañas políticas mediante recursos de origen ilícito. La acusación también involucra la participación de funcionarios y familiares cercanos al investigado.
Desarrollo del caso
El caso ha estado marcado por una serie de decisiones judiciales sobre las medidas cautelares aplicadas a Cerrón. En noviembre de 2022, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el exgobernador por 36 meses, pero el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria decidió en su lugar imponer comparecencia con restricciones. Esta decisión fue ratificada en enero de 2023. Sin embargo, la solicitud de revocatoria de comparecencia por prisión preventiva fue aceptada posteriormente debido al incumplimiento de las reglas de conducta impuestas.
La defensa de Cerrón argumentó que los presupuestos iniciales que llevaron a la imposición de la prisión preventiva ya no subsisten, citando la nulidad de sentencias previas en otros procesos y la falta de desbalance patrimonial, basada en un informe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Además, sostuvieron que la fuga de Cerrón era producto de un intento de proteger su libertad ante lo que consideraba decisiones judiciales arbitrarias.
En respuesta, la fiscalía superior señaló que la defensa de Cerrón no había demostrado que los elementos de convicción sobre los delitos de organización criminal y lavado de activos hubieran cambiado. Además, mencionaron que Cerrón continúa prófugo de la justicia, lo que refuerza el peligro de fuga y la necesidad de mantener la prisión preventiva.
Finalmente, la Tercera Sala Penal de Apelaciones consideró que la medida de prisión preventiva sigue siendo válida. En su resolución, señalaron que no se había acreditado que los argumentos nuevos presentados por la defensa de Cerrón fueran suficientes para modificar la medida cautelar, ya que no existía un cambio sustancial en los elementos de la acusación. La sala resaltó que el incumplimiento de las reglas de conducta y la fuga consumada justificaron la decisión de mantener a Cerrón en prisión preventiva.
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