La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que “acata y reconoce” la suspensión por 24 meses que le impuso el Poder Judicial a Patricia Benavides, pero insiste en considerarla como titular del Ministerio Público cuando dicho cargo lo ocupa actualmente Delia Espinoza.
Así se revela en el oficio que envió el presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, a Espinoza, documento difundido por el periodista Martín Sarmiento.
“Cumplo con informarle que, conforme a lo dispuesto en la resolución N.° 5 de fecha 24 de junio de 2025, emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria—la cual se sustenta textualmente en la Resolución N.° 231-2025-JNJ del 12 de junio de 2025—, la señora Liz Patricia Benavides Vargas ha sido suspendida como fiscal suprema y en el ejercicio del cargo de Fiscal de la Nación“, se lee en el documento.
En el oficio Gino Ríos deja constancia que la resolución que suspende a Patricia Benavides fue impugnada “por la cual la JNJ, en estricto respeto a la independencia de poderes y al principio de legalidad, acata y reconoce lo resuelto por el Poder Judicial dentro del marco de sus competencias constitucionales”.
Llama también la atención que en la sección donde se consigna el nombre de Delia Espinoza no se coloca su cargo de fiscal de la Nación. Únicamente se pone “Ministerio Público - Fiscalía de la Nación”.
Irregularidades
La decisión de la JNJ de restituir a Patricia Benavides como fiscal suprema e intentar imponerla como fiscal de la Nación, tomada en una sesión reservada el 9 de junio de 2025, sigue generando controversia debido a nuevas irregularidades.
Ahora se reveló la ausencia de la entonces secretaria general de la JNJ, Giovanna Díaz Revilla, en la reunión y la falta de su firma en el acta oficial han puesto en duda la legalidad del procedimiento.
Díaz Revilla, quien renunció el 16 de junio, denunció en un oficio que no fue convocada a la sesión plenaria extraordinaria, lo que le impidió cumplir con su función de validar el contenido del acta, como lo establece el artículo 15 del reglamento de la JNJ. Según el artículo 45, las actas deben contar con la firma del presidente y la secretaria general, además de la mayoría simple de los miembros del Pleno, para ser consideradas válidas.
En este caso, la firma de Díaz Revilla fue reemplazada por la de Ciro Alberto Vega Cáceres, identificado como “certificador”, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.
A esta irregularidad se suman otras anomalías detectadas. La JNJ informó que no existen grabaciones de la sesión, lo que limita la transparencia del procedimiento. Además, se negó a entregar el escrito presentado por el magistrado Francisco Távara, quien el 6 de junio advirtió sobre la inconstitucionalidad de restituir a Benavides mientras su caso seguía en el ámbito judicial. Távara argumentó que la JNJ no debía intervenir en un proceso judicializado, ya que esto podría violar el artículo 139, numeral 2, de la Constitución, que protege la independencia judicial. También señaló la falta de un informe previo y de documentación de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios, calificando estas omisiones como “inusuales”.
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