La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazó admitir la denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que anularon la destitución de Patricia Benavides y pretendieron imponerla como fiscal de la Nación pese a que dicho cargo lo ejerce Delia Espinoza.
El informe de calificación proponía declarar procedente la denuncia únicamente en el extremo de presunta infracción constitucional. Esto porque los consejeros no habrían respetado los derechos adquiridos de buena fe de Delia Espinoza al pretender la reposición de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público.
Sobre la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y avocamiento ilegal de proceso en trámite, el informe de calificación planteó declarar improcedentes estos extremos.
Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó por mayoría el informe con cuatro votos a favor, ocho en contra y cinco abstenciones.
Inicia persecución contra Delia Espinoza
En la misma sesión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el trámite de una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los fiscales supremos Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos, en relación con el caso de Patricia Benavides. A los fiscales se les acusa de presunta infracción constitucional y resistencia a la autoridad por no acatar la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que busca la reposición de Benavides como fiscal de la Nación.
La votación en la Subcomisión resultó en una clara mayoría a favor de admitir la denuncia, con el respaldo de los congresistas Jorge Montoya, Víctor Flórez, Martha Moyano, Flavio Cruz, Milagros Jauregui, Patricia Chirinos, Nelcy Heidinger, Digna Calle, Esdras Medina y María Acuña. Por su parte, los parlamentarios Edgard Reymundo, Francis Paredes, Jorge Coayla y Pasión Dávila votaron en contra.
El informe de calificación presentado por la Subcomisión no incluyó un análisis de las recientes irregularidades señaladas en la resolución de la JNJ, como la falta de participación de la secretaria general en la sesión donde se decidió la reposición de Benavides, un hecho que, según críticos, podría invalidar dicha decisión. En lugar de abordar estas controversias, el informe se centró en señalar que Espinoza y los fiscales supremos se habrían resistido a cumplir con el mandato de la JNJ, el cual actualmente está siendo objeto de un proceso de amparo en el ámbito judicial.
Por todos los flancos
En paralelo a la denuncia constitucional, la bancada de Renovación Popular ha presentado una denuncia ante la JNJ contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena, acusándolos de cometer una falta disciplinaria grave al no acatar una resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Los congresistas exigen la suspensión preventiva y la eventual destitución de los fiscales, en un movimiento que críticos consideran un intento de desestabilizar el Ministerio Público.
La denuncia sostiene que los fiscales incurrieron en desacato al no cumplir con la disposición de la JNJ, manteniendo a Espinoza en el cargo. Sin embargo, omite abordar las irregularidades señaladas en la resolución de la JNJ, como la falta de unanimidad en la votación y la presunta usurpación de funciones de la Junta de Fiscales Supremos. Según Renovación Popular, la conducta de los fiscales vulnera la Ley de la Carrera Fiscal y la Constitución Política del Perú. Además, acusan a Espinoza de usar su posición para iniciar investigaciones preliminares contra miembros de la JNJ por estas irregularidades.
Como parte de sus argumentos, los parlamentarios citan la resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que suspendió a por 24 meses por presunta interferencia en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, afirmando que dicho fallo reconoce a Benavides como fiscal de la Nación en ejercicio. No obstante, esta interpretación es incorrecta, ya que el juez Segismundo León solo destacó el riesgo que implicaría el retorno de Benavides al cargo, sin confirmar que actualmente lo ejerza.
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