José Miguel Castro Gutiérrez, exgerente municipal de Lima durante la gestión de Susana Villarán, fue hallado muerto en su vivienda de Miraflores la mañana del domingo, tras una llamada de emergencia realizada por su padre. La Policía y peritos de Criminalística iniciaron diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, en un contexto marcado por las investigaciones por corrupción que lo vinculaban a los casos Odebrecht y OAS.
El cuerpo, con un corte en el cuello, fue encontrado en el baño de la casa junto a dos cuchillos con rastros de sangre y un teléfono en la entrada del baño; la puerta tenía signos de manipulación. La presencia policial y el acordonamiento de la vivienda buscaron preservar evidencia, mientras expertos analizan si el hecho corresponde a un suicidio, un accidente o la intervención de terceros. Hasta el momento, las autoridades no han dado una versión oficial sobre la causa de la muerte.
La figura de José Miguel Castro Gutiérrez trasciende el ámbito personal y familiar. Su trayectoria como economista y funcionario público lo llevó a ocupar el cargo de gerente municipal durante la administración de Susana Villarán, un periodo marcado por la ejecución de proyectos de infraestructura y, posteriormente, por la sombra de la corrupción. Castro se convirtió en un personaje de confianza absoluta para la ex alcaldesa, al punto de ser señalado como el presunto intermediario entre Villarán y las constructoras brasileñas involucradas en el escándalo Lava Jato.
De acuerdo con los testimonios recogidos en la investigación fiscal, Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, afirmó que fue el propio Castro quien le solicitó 3 millones de dólares para financiar las campañas por el “No” a la revocatoria y la reelección de Villarán. Estas campañas, que buscaban mantener a la entonces alcaldesa en el cargo, se desarrollaron en un contexto de alta polarización política y movilizaron recursos significativos. La presunta entrega de sobornos a cambio de licitaciones para megaobras en Lima constituye el núcleo de las acusaciones que pesan sobre Villarán y su entorno más cercano.
La magnitud del caso llevó a que, una vez iniciadas las investigaciones fiscales, José Miguel Castro optara por convertirse en colaborador eficaz. Su decisión de cooperar con la justicia lo posicionó como el principal testigo en el proceso, aportando información clave sobre la estructura y el funcionamiento de la presunta red de corrupción. La expectativa en torno a su testimonio era alta, especialmente porque el juicio oral del caso tiene como fecha de inicio el 27 de septiembre.
Futuro incierto
El fallecimiento de Castro introduce un elemento de incertidumbre en el desarrollo del proceso judicial. Como colaborador eficaz, su declaración resultaba fundamental para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los implicados. La ausencia de su testimonio directo podría afectar la solidez de la acusación fiscal y modificar la estrategia de defensa de los otros procesados, incluida Susana Villarán.
El caso Lava Jato en Perú ha sacudido los cimientos de la política nacional, involucrando a expresidentes, altos funcionarios y empresarios en una trama de sobornos y lavado de activos que se extendió por toda América Latina. En el ámbito municipal, la gestión de Villarán y la participación de Castro representan uno de los capítulos más complejos de este entramado. La presunta intermediación de Castro en la recepción de fondos ilícitos para campañas políticas ilustra la profundidad de la penetración de las constructoras brasileñas en las instituciones peruanas.
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