Ni el fiscal, ni el expresidente están contentos. En una maratónica sesión, el Poder Judicial declaró infundado el pedido fiscal de seis meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra.
El juez Víctor Alcocer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, consideró que si bien Vizcarra no tiene arraigo laboral, la Fiscalía no presentó elementos de convicción que prueben el peligro de fuga, por lo que no se justifica la prisión preventiva.
A su salida de la audiencia, el expresidente se pronunció por la decisión del magistrado. Si bien consideró que “primó el Estado de derecho”, rechazó las normas de conducta que se le impuso, por eso apeló la decisión.
También aprovechó el momento para bromear por los cuestionamientos que surgen en torno a su campaña política, pese a estar inhabilitado y no poder participar.
“Yo tengo libertad de pensamiento, libertad de expresión para junto con millones de personas apoyar la propuesta política de Perú Primero (...) Vamos a ir (¿Cuál es su reflexión final) Que me esperen en Huánuco, que me voy la próxima semana", respondió antes de retirarse.
Estas son las normas de conducta que deberá cumplir Martín Vizcarra
El magistrado Víctor Alcocer señaló que la prisión preventiva solo procede cuando existe un nivel de sospecha grave, un criterio que —según indicó— no fue debidamente acreditado por el fiscal Germán Juárez Atoche.
Por ello, rechazó el pedido del Ministerio Público, aunque impuso al expresidente Martín Vizcarra una serie de medidas cautelares destinadas a garantizar su participación en el proceso judicial. Tanto la defensa del exmandatario como el fiscal Juárez apelaron la resolución.
En su fallo, el juez dispuso que Vizcarra afronte el juicio en libertad, pero bajo comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por un plazo de seis meses, que comenzará a regir desde el 5 de julio.
Entre las normas de conducta impuestas, se incluye la prohibición de asistir a sedes diplomáticas o comunicarse con personas vinculadas a representaciones extranjeras. Asimismo, el exjefe de Estado deberá cumplir con un control biométrico mensual y presentar cada 30 días un informe detallando sus actividades.
Caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
El pedido de prisión preventiva se enmarca en el juicio oral que enfrenta el expresidente Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La Fiscalía lo acusa de haber recibido más de dos millones de soles en sobornos a cambio de favorecer a empresas privadas en los proyectos de Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua.
Este proceso ha sido calificado por especialistas en derecho penal como uno de los más relevantes contra un exmandatario en los últimos años y con una alta posibilidad de lograr una sentencia condenatoria.
El Ministerio Público ha solicitado una condena de 15 años de prisión efectiva por el presunto delito de cohecho pasivo propio, así como una inhabilitación de nueve años para ejercer funciones públicas.
La primera obra en cuestión es el proyecto “Lomas de Ilo”, cuyo objetivo era mejorar el sistema de riego en la provincia de Ilo. Según la investigación fiscal, el consorcio Obrainsa-Astaldi habría pagado un soborno de un millón de soles a Vizcarra para obtener la buena pro en la licitación de la Línea de Conducción N.° 1 Jaguay – Lomas de Ilo, adjudicada a fines de 2013.
El segundo caso gira en torno a la obra de “Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel II-2”. La Fiscalía sostiene que el exgobernador recibió S/ 1.3 millones de manera irregular, dinero entregado por el representante de ICCGSA, Rafael Granados, a través del exministro de Agricultura José Hernández, quien habría actuado como intermediario.
Ambos contratos representaban inversiones millonarias en infraestructura pública y, según el Ministerio Público, fueron el escenario de colusión entre funcionarios públicos y empresas constructoras.
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