
El Tercer Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, una iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A. ha revelado cómo se sienten los peruanos frente a la delincuencias, las extorsiones y todo el panorama de inseguridad que vive el país.
El impacto emocional es profundo: según las encuestas realizadas, el 75% de los peruanos reportó haber sufrido ansiedad o estrés como consecuencia directa de la inseguridad. La cifra sube si se habla de Lima, donde 89% casi 9 de cada 10 señaló vivir este malestar.
Y no es sorpresa: la encuesta también revela que este ambiente inseguro también ha afectado a los negocios. A nivel nacional, un 32% de peruanos afirmó que en los últimos 12 meses, negocios que ellos o alguien de su barrio solían frecuentar –como bodegas, peluquerías o restaurantes– han cerrado o limitado sus actividades por causa de la delincuencia. Pero en Lima, esta cifra asciende al 50%; es decir, que la mita de limeños ha visto cerrar en su barrio un negocio por este problema, muy por encima del promedio nacional.

Cierre de negocios a causa de la inseguridad
“El cierre de negocios de barrio es una señal concreta de cómo la inseguridad golpea la vida cotidiana”, señaló Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y coautor del Tercer Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia. “Esto no es solo un problema policial, sino un fenómeno que deteriora el entorno económico, social y emocional de millones de personas”, agregó.
Es en Lima, donde, sobre todo, uno de cada dos peruanos ha señalado haber visto o escuchado sobre una tienda o negocio cerrando en su mismo barrio, a causa de la delincuencia. Como se sabe, en el país se vuelve más común las extorsiones a distintos negocios, ya sean empresas de transportes, bodegas, colegios e inclusive ollas comunes (que no son negocios).
Pero estos no son los únicos datos del estudio. Sino que también revela que el 36% de los peruanos ha asegurado que vive en zonas que han sido declaradas en emergencia por inseguridad. “Nuevamente, Lima concentra la mayor proporción (60%), mientras que en el interior del país la cifra es del 24%”, acotan.

¿Y cuál es la valoración sobre las medidas que promueve el Gobierno en cada uno de sus niveles? La evaluación ciudadana sobre estas medidas es mayoritariamente crítica: “Solo el 9% considera que han sido efectivas, y más de la mitad las califica como malas o muy malas”, revela el informe.
Nuevas formas de fraude
El informe advierte también sobre la creciente amenaza del fraude digital y cómo evoluciona, sobre todo en el contexto de inteligencia artificial y nuevas herramientas tecnológicas.
“El 70% de peruanos se siente poco o nada seguro para identificar un intento de phishing. Los mensajes sospechosos llegan principalmente por SMS (27%) y WhatsApp (26%), y muchos usuarios no saben cómo reportarlos ni a qué autoridad acudir”, revela el informe.

¿Y las denuncias?
También el informe informa sobre el crecimiento sostenido de la extorsión, un delito cuyas denuncias se han triplicado desde el 2018. Pero, mientras estás aumentan, el número de personas encarceladas por este crimen no ha crecido en la misma proporción.
El informe revela que “en el 2018, frente a 1,471 denuncias, se logró responder encarcelando a 1,322 extorsionadores; es decir, casi el 90% de los casos fueron resueltos positivamente. La situación cambia drásticamente en el 2025, cuando, ante 3,757 denuncias en un período similar, solo hay 1,255 extorsionadores en la cárcel, lo que representa apenas un 33.40% de resolución efectiva”.
“No estamos logrando avances reales en la lucha contra la extorsión, y las cifras de detenidos lo evidencian. Así, es imposible revertir una tendencia tan extendida”, advirtió Carlos Basombrío, exministro del Interior y autor del reporte.
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