Al cierre del 2024, la región Lambayeque registró un total de 14,380 niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, lo que representa el 4.9 % de la población menor de 18 años, según informó Jenny Alvarado León, subdirectora de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gerencia Regional de Trabajo.
Este dato, presentado en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil -que se conmemora cada 12 de junio- muestra una leve mejora frente al 10.3 % registrado en 2020. Sin embargo, las autoridades advierten que los esfuerzos deben redoblarse para garantizar una infancia libre de explotación laboral.
Trabajo infantil
En respuesta a esta situación, la Gerencia Regional de Trabajo ha reactivado y fortalecido su colaboración con otras instituciones del sector público y privado. El Comité Directivo para la Erradicación del Trabajo Infantil de Lambayeque, creado en 2007 e integrado por 24 entidades, se mantiene activo coordinando planes y ejecutando medidas preventivas.
Uno de sus enfoques principales es impulsar políticas públicas desde distintos sectores. “Se han diseñado ejes estratégicos que involucran a salud, educación y gobiernos locales. Incluso la Cámara de Comercio se ha sumado recientemente”, señaló Alvarado León.
Aunque la posición oficial es que los menores no deben trabajar, se reconoce que la realidad económica obliga a muchas familias a tomar decisiones complejas. En esos casos, el objetivo es que los adolescentes que ingresan al mundo laboral lo hagan respetando sus derechos básicos y sin comprometer su desarrollo educativo y personal.
El problema no es exclusivo de Lambayeque. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2024 (a la que tuvo acceso la Agencina Andina), aproximadamente el 8.8 % de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años en Perú trabajan en condiciones peligrosas o inadecuadas. Esta cifra representa más de 670 mil menores que ven vulnerados sus derechos fundamentales.
Las actividades que suelen realizar están relacionadas a la agricultura, comercio ambulatorio o labores domésticas, muchas veces sin protección ni supervisión adecuada. Esto impacta directamente en su salud, su educación y su seguridad.
Rol de las municipalidades y el sector educativo
Tras conocer las estadísticas, las municipalidades de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque se han convertido en aliadas clave para la intervención territorial. Su función es asegurar que los niños asistan a la escuela y, si trabajan, que lo hagan sin poner en riesgo su integridad.
Desde el Comité Directivo destacan que la educación sigue siendo la herramienta más poderosa para erradicar el trabajo infantil. “Los niños que trabajan en condiciones no adecuadas tienen menos posibilidades de acceder a empleos calificados. Si no se invierte en su educación, se perpetúan la pobreza y la exclusión social”, señalaron miembros del grupo técnico.
Además del trabajo informal o familiar, otro escenario crítico es el de los niños y adolescentes en situación de calle. Según Ana Mera, coordinadora del servicio de Educadoras de Calle del Inabif en Lambayeque, actualmente atienden a cerca de 200 menores en los distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz.
El enfoque del programa no solo implica atención directa, sino también un trabajo con las familias que puede durar hasta dos años, buscando su reinserción social. “Muchos centros de salud y escuelas no están preparados para atender las necesidades de estos menores, lo que complica su integración”, explicó Mera.
A pesar de las dificultades, el 98 % de los niños y familias completa el proceso de intervención, un indicador que el equipo de Inabif considera alentador. Además, trabajan en la prevención de conductas delictivas y la restitución de derechos fundamentales, como el acceso a la identidad.
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