Morgan Quero asegura que costosos almuerzos “son gastos normales” y denuncia acoso sistemático hacia el Gobierno

El reciente informe televisivo sobre gastos en alimentación durante las reuniones del Consejo de Ministros desató una nueva polémica en el Gobierno de Dina Boluarte. El ministro de Educación, Morgan Quero, se pronunció frente a los cuestionamientos. No solo negó categóricamente el supuesto despilfarro de fondos públicos, sino que denunció un ataque mediático deliberado hacia la actual administración.

Visiblemente irritado indicó que las reuniones del Consejo de Ministros, que se extienden desde la mañana hasta el final de la tarde, requieren de una provisión alimentaria razonable para quienes, según él, pasan gran parte del día debatiendo y atendiendo compromisos oficiales. “No hay ningún banquete. La alimentación es normal en cualquier reunión que va desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, así que no hay ningún banquete: son los gastos normales que cada ministro realiza y en absoluto hay un derroche de recursos públicos”, enfatizó.

Asimismo, calificó el reportaje emitido por Cuarto Poder de tendencioso. “No hace más que mostrar el sesgo negativo y el acoso permanente hacia esta administración”, declaró y aseguró que cada funcionario cubre de forma individual sus gastos. “Quiero recalcar que los gastos de los almuerzos corren por cada uno de los ministros, así que habrá que revisar esa información que me parece descontextualizada”, mencionó.

Al ser consultado sobre la presentación de facturas y boletas presentadas en el informe, se limitó a insistir en el rechazo a la publicación sin dar mayores explicaciones. “Simplemente, te quiero decir que rechazo esa información. Cada ministro lo maneja con su propio criterio, así que rechazamos esa supuesta información que no busca más que generar inquietud en la población. Estamos trabajando de cara a todos”, remarcó.

El reportaje difundido por el dominical exhibió documentos y comprobantes de desembolsos efectuados a través de la caja chica del Despacho Presidencial. Las sumas, que oscilaron entre mil y dos mil soles por sesión, respaldan compras de almuerzos, refrigerios y postres para atender a la mandataria y a los demás miembros del Ejecutivo. El registro muestra desde sandwiches y empanadas hasta menús de comida china. Las cifras publicadas han generado indignación en distintos sectores de la opinión pública, sobre todo luego de que la mandataria afirmara que en Perú “se come con 10 soles hasta postrecito”.

Durante una de las sesiones, convocada en plena emergencia nacional por incendios forestales, el gabinete adquirió almuerzos, panes, jamones y bebidas por importes que en pocas horas superaron los 1,400 soles. En fechas posteriores, aparecen facturas de pollo a la brasa y tortas especiales. El abogado José Trelles, experto en contrataciones públicas, advirtió que la caja chica se debe utilizar únicamente en casos de emergencia y nunca para gastos planificados, dado que ello desvirtúa el propósito que justifica su existencia.

Estas explicaciones contrastan con la percepción ciudadana y las críticas técnicas en torno al uso de la caja chica. El manejo discrecional de estos fondos, cuya finalidad legal se encuentra orientada a eventualidades y urgencias, ha sido reiteradamente señalado como un foco de posibles malos manejos. Las facturas exhibidas evidencian compras regulares y planificadas, lejos de situaciones de emergencia. La justificación basada en la duración de las reuniones no logra disipar la inquietud por el destino de fondos que, por disposición normativa, deben destinarse a situaciones excepcionales.

Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros decidió publicar un comunicado institucional para intentar poner paños fríos al asunto. En el texto, la PCM aseguró que desde febrero de este año los almuerzos de las sesiones del gabinete dejaron de ser pagados por Palacio y que, en toda ocasión anterior, los alimentos fueron adquiridos respetando los precios estándar del mercado. Además, expresaron su rechazo “a cualquier insinuación de mal uso de fondos públicos”, afirmando que todos los desembolsos cuentan con respaldo documentario y están sujetos a controles tanto internos como de la Contraloría.