Un nuevo caso de corrupción policial ha sacudido a la región Piura y expone las sombras dentro de una de las instituciones más importantes del país. Jorge Amílcar Chávez Guerrero, un oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue sentenciado a 8 años de prisión efectiva tras comprobarse que ofrecía cupos en una escuela policial a cambio de dinero.
Las investigaciones revelan que el acusado habría llevado a cabo prácticas corruptas: de acuerdo con las pesquisas, él recibía pagos de padres de familia con la promesa de asegurar el ingreso de sus hijos a la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP La Unión - Piura.
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La sentencia fue confirmada por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura, luego de que el fiscal superior Elmer Francisco Castillo Temoche sustentara con pruebas sólidas los hechos imputados en segunda instancia. Esta condena reafirma la sentencia obtenida inicialmente por el fiscal adjunto Jesús Alberto Aranguren Martínez, del primer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura.
Vendía accesos a la escuela policial: ya pesa sobre él orden de captura
La investigación llevada a cabo por la Fecof Piura reveló un esquema claro: el oficial Chávez Guerrero se aprovechaba de su cargo dentro de la PNP para ofrecer a padres de familia “ayuda” para inscribir a sus hijos en la escuela policial de La Unión. Por este “servicio”, pedía dinero, generando falsas expectativas entre familias que, con esfuerzo, buscaban un futuro mejor para sus jóvenes. El caso fue considerado como tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado y de la propia Policía Nacional del Perú.
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La sentencia no solo contempla los 8 años de prisión efectiva, sino también la inhabilitación del oficial para ejercer cargos públicos y el pago de 30 mil soles como reparación civil. Además, se dictó una orden de búsqueda, ubicación y captura contra el sentenciado Jorge Amílcar Chávez Guerrero, quien actualmente se encuentra no habido. Las autoridades de la región Piura han intensificado los operativos para dar con su paradero.
El 22 % de peruanos afirma que un policía le pidió un soborno, según informe del IEP
El estudio Pulso de la Democracia en el Perú, elaborado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en 2024, revela que uno de cada cinco peruanos (22 %) ha recibido una solicitud de soborno por parte de un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta cifra coloca al país en el tercer lugar en América Latina y el Caribe en cuanto a frecuencia de este tipo de denuncias, solo detrás de Bolivia (24 %) y Nicaragua (22 %). El reporte forma parte de una medición regional realizada por el proyecto Pulso de las Américas de LAPOP Lab.
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El mismo estudio señala que el 10 % de los ciudadanos peruanos ha sido víctima de pedidos de coima por parte de otros funcionarios públicos. Estos datos corresponden a 2023 y reflejan un patrón sostenido de prácticas corruptas en distintos niveles del aparato estatal. Según la normativa vigente, actos como “solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficio” por parte de policías son considerados faltas muy graves, sancionadas con el pase inmediato a situación de retiro.
En esa línea, la propia Policía Nacional del Perú ha confirmado que al menos 1.500 agentes fueron separados de la institución en 2024 por motivos disciplinarios, superando los 1.030 retiros registrados en 2023 y los 990 del año anterior. El general PNP Víctor Zanabria explicó que estos retiros están relacionados con casos de corrupción interna y señaló que se han implementado nuevos mecanismos para recibir denuncias ciudadanas de manera más eficiente.
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