Tras la publicación del informe de Infobae Perú que reportó 11 fallecimientos —incluidos seis niñas y niños— y 71 personas con síntomas presuntamente compatibles con intoxicación por metales pesados en comunidades achuar del río Pastaza, Petroperú respondió negando tener conocimiento oficial de estos casos. Según la empresa, hasta la fecha no ha recibido reportes de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Loreto ni comunicaciones de las autoridades comunales (apus) que confirmen muertes o intoxicaciones relacionadas con el derrame de petróleo ocurrido el 3 de octubre de 2024, en el kilómetro 11 del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano.
No obstante, durante una entrevista con este medio, el propio coordinador regional de metales pesados de la Geresa Loreto, Gabriel Barria, también reconoció no tener conocimiento oficial de las 11 muertes ni de los 71 casos de personas con síntomas presuntos de intoxicación hasta que fue informado por este equipo periodístico. Barria se comprometió a elevar el caso a la Red de Salud del Datem del Marañón y a reforzar la coordinación con las comunidades.
Por su parte, Petroperú señaló que participó activamente en el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo (PAICP) en el marco de la Declaratoria de Emergencia Ambiental, aprobada por el Ministerio del Ambiente mediante la Resolución Ministerial N.º 00414-2024-MINAM. En ese contexto, indicó haber ejecutado las labores de limpieza de suelo, agua y sedimentos “al 100 %”, conforme al cronograma establecido por el OEFA, así como brindar apoyo logístico a las brigadas de salud del Estado y transportar alimentos a la zona.
Entre las acciones reportadas, la empresa asegura haber entregado 260 toneladas de agua (13 000 cajas) y 90 toneladas de víveres a la población ubicada en el área de la emergencia. También afirmó haber consultado con el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), que —según indican— reportó que las plantas de agua en la zona operaban con normalidad.
Sobre la posibilidad de indemnizar a las familias afectadas, Petroperú señaló que realizó un proceso de identificación de propietarios o posesionarios con derechos patrimoniales potencialmente vulnerados, pero que no se hallaron afectaciones individuales que justificaran compensaciones económicas.
Esta versión contrasta con la información proporcionada por Jacob Espinar, presidente de la Federación Indígena Achuar del Alto Pastaza (FIAAP), y el informe comunitario entregado a Infobae Perú. Según estos registros, al menos 71 personas presentan síntomas como erupciones en la piel, vómitos, diarrea, fiebre y dolores estomacales, presuntamente compatibles con intoxicación por metales pesados. Además, se reporta el fallecimiento de 11 personas, entre ellas el deceso de E.B.Z., una niña de 10 años que murió mientras era trasladada por río, sin haber recibido atención médica oportuna.
Asimismo, las comunidades denuncian que los puestos de salud no tienen medicamentos, personal técnico ni equipamiento básico, y que el único centro con atención médica funcional se encuentra en San Lorenzo, a más de tres días de viaje.
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