Mientras seis internos de nacionalidad venezolana utilizaban una cuerda hecha con telas para escapar del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como Maranguita, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, se encontraba participando en un megaoperativo en el Penal Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho.
“Este operativo se realiza simultáneamente en los 68 penales del Perú, busca establecer la seguridad interna y externa de los penales, y ratificar el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios del país. La ciudadanía tiene que estar convencida que estamos poniendo mano dura a la delincuencia y esto lo demuestra”, señaló.
Solo unas horas después, todos los medios de comunicación informaban sobre la facilidad con la que los fugados saltaron el muro y caminaron con total normalidad por las calles de San Miguel. Incluso pasaron cerca a un patrullero y no fueron detenidos.
Los vecinos se quejan por la falta de seguridad. “No es la primera vez que pasa algo así”, señaló uno de los testigos de la fuga.
Como primeras medidas se ordenó la reorganización de los centros juveniles, además que esta madrugada 29 internos fueron reubicados en otros establecimientos de máxima seguridad.
¿Se aprobaría la censura?
El 21 de abril, un interno del Penal de Lurigancho, identificado como John Kennedy Javier Sebastián, logró saltar el muro y escapar. El delincuente, que cumplía una condena de 10 años de prisión, sigue prófugo hasta la fecha. Este hecho provocó una rápida reacción del gobierno, que resultó en la renuncia del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque. Sin embargo, hasta ahora, el gobierno de Dina Boluarte no ha nombrado a su reemplazo.
La fuga generó una ola de indignación en el Congreso, donde varios parlamentarios comenzaron a recolectar firmas para presentar una moción de censura contra el ministro de Justicia, Eduardo Arana.
La reciente fuga en Maranguita, que agrava aún más la situación, ha incrementado la presión sobre Arana. Uno de los ministros más cercanos a Dina Boluarte, calificado por Alberto Otárola como el “premier en la sombra”, podría perder su puesto si procede la censura.
La moción, impulsada por los congresistas de Renovación Popular, Norma Yarrow y Diego Bazán, cuenta hasta ahora con 20 firmas, mientras que se requieren 33 para presentarla ante el pleno. La pregunta que surge es si las bancadas aliadas del gobierno respaldarían una posible censura.
Alianza para el Progreso ha adelantado que no apoyará ninguna moción, ya que apuestan por la gobernabilidad, mientras que Fuerza Popular tampoco ha respaldado las últimas mociones presentadas. Los parlamentarios se encuentran en semana de representación, por lo que la situación podría definirse en los próximos días.
Aunque Francisco Naquira, director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), salió en defensa de Arana, sugiriendo que la fuga de los internos podría ser parte de un complot político, la realidad es que la situación en los penales del país ha sido crítica durante años.
La falta de presupuesto y personal, junto con los casos de corrupción interna denunciados, ha debilitado la seguridad en las cárceles, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema penitenciario nacional.
Cárceles desbordadas
La crisis en los penales peruanos es una de las más graves en la historia reciente del país. Con más de 96 mil internos hacinados en un sistema diseñado para albergar solo a poco más de 40 mil, las condiciones de las cárceles se han vuelto insostenibles. El hacinamiento extremo, sumado a la falta de tecnología en la vigilancia, la precariedad de la infraestructura y la limitada capacidad de respuesta ante incidentes, están llevando al sistema penitenciario al borde del colapso.
Si no se toman decisiones urgentes, es muy probable que esta crisis se agrave aún más. La ausencia de un jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) solo ha profundizado la incertidumbre, ya que no hay un liderazgo claro en la entidad responsable de garantizar el control y la seguridad de los penales.
Con tres fugas confirmadas en menos de cinco meses, el sistema penitenciario ha encendido todas las alarmas, poniendo en evidencia la urgencia de una reforma estructural que aborde tanto los problemas de infraestructura como de gestión.
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