Firmas falsas: estas son las medidas que anunció el JNE tras denuncias por afiliaciones indebidas y filtración de datos

En los últimos días, han surgido diversas denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido afiliados indebidamente a partidos políticos, lo que ha puesto en evidencia una deficiencia en el control de datos dentro de las entidades electorales y ha generado dudas sobre la transparencia del proceso electoral.

Entre los afectados, se encuentran tanto ciudadanos comunes como miembros de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, quienes reportaron el uso irregular de sus datos personales, incluyendo firmas y huellas.

Ante estas denuncias, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que la entidad tiene la capacidad legal para llevar a cabo una segunda verificación de las fichas de afiliación de los 43 partidos políticos inscritos para las Elecciones Generales de 2026.

Burneo aclaró que este proceso de fiscalización no se limitará únicamente a la firma, sino que abarcará todo el procedimiento de afiliación, lo que permitirá realizar una revisión más exhaustiva.

“Lo que existe es la posibilidad de una fiscalización posterior que no se reduce al tema de firma, sino a la afiliación. Ahora estamos en proceso de estudio, evaluación, pero tengan la seguridad de que vamos a aprobar una medida que permita garantizar que todo se ha llevado correctamente. Eso implica una segunda revisión de parte del Jurado Nacional de Elecciones”, indicó a RPP.

A pesar de la gravedad de las denuncias y las preocupaciones sobre las deficiencias en el control de datos, Burneo reafirmó que el calendario electoral de 2026 continuará sin alteraciones.

El presidente del JNE subrayó que las fechas establecidas, como la de las elecciones, previstas para el 12 de abril de 2026, siguen vigentes.

“No duden o tengan la seguridad de que el Jurado Nacional de Elecciones va a seguir trabajando para fortalecer su trabajo y finalmente que se reduzcan estos riesgos al mínimo. El calendario continúa, esto no lo podemos detener, las elecciones están a la vuelta de la esquina”, agregó.

Con estas declaraciones, el JNE busca transmitir un mensaje de confianza en el proceso electoral y asegurar a la ciudadanía que se están tomando las medidas necesarias para garantizar la legalidad y transparencia de las elecciones, a pesar de los cuestionamientos surgidos por las irregularidades reportadas.

JNE conocía sobre afiliaciones indebidas

Un informe emitido por la Contraloría General de la República en septiembre de 2024 ha puesto en alerta al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por la falta de regulación en la fiscalización de los documentos presentados por los partidos políticos.

Según el informe, la ausencia de controles adecuados podría haber facilitado la afiliación de ciudadanos sin su consentimiento, un hecho que podría derivar en la presentación de firmas falsas y comprometer la transparencia de los procesos electorales.

El informe, de trece páginas, fue dirigido al entonces presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, quien recibió un plazo de cinco días hábiles para dar respuesta. Sin embargo, según declaraciones de Salas Arenas a El Comercio, este indicó no recordar haber recibido el documento y señaló que el JNE no tiene la autoridad para verificar las firmas presentadas durante los procesos de afiliación a las organizaciones políticas. A pesar de esto, el informe de la Contraloría incluye una recomendación explícita para que el presidente del JNE tome conocimiento de las observaciones planteadas.

Entre las recomendaciones del informe, se destaca la propuesta de imponer sanciones económicas a aquellos responsables de presentar información falsa bajo juramento. Estas sanciones, que oscilan entre cinco y diez unidades impositivas tributarias (UIT), buscan actuar como un disuasivo ante la presentación de documentos fraudulentos. Además, el informe sugiere que, si se configuran delitos contra la fe pública, según lo estipulado en el Código Penal, el JNE debería remitir el caso al Ministerio Público para que se tomen las medidas legales correspondientes.