El asilo de Nadine Heredia continúa motivando acciones de control desde el Congreso de Brasil, mientras el Parlamento peruano sigue en silencio. Esta vez, los diputados Evair Vieira de Melo y Filipe Barros presentaron requerimientos a fin de que se invoque a la Procuraduría General de la República, Ministerio Público y Tribunal de Cuentas de la Unión la indagación de presuntas irregularidades por parte de la administración de Lula da Silva.
Los funcionarios brasileños no solo cuestionan la protección a la condenada a 15 años de prisión por lavado de activos, sino también el uso de recursos públicos para su traslado desde Lima hasta Brasilia en una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB). Infobae Perú accedió a estas solicitudes, que contienen denuncias dirigidas contra las acciones del gobierno federal y ponen en tela de juicio el manejo ético de los recursos estatales.
A través del Requerimiento N.° 140/2025 e Indicación N.° 1141/2025, presentados por el diputado Evair Vieira de Melo, del partido Progresistas (PP-ES), se pide investigar posibles irregularidades en el otorgamiento del asilo diplomático a Nadine Heredia el cual, según el funcionario, no cumple con los criterios de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, “ya que no se ha demostrado persecución política, requisito indispensable según el tratado”.
“Cuando un gobierno protege al condenado y no al inocente, deja de hablar en nombre de la justicia para pasar a actuar por pura conveniencia”, expresó el funcionario, quien también argumenta que la acción del gobierno en este caso podría ser interpretada como un uso político de la diplomacia brasileña para proteger a aliados ideológicos vinculados a escándalos de corrupción.
Asimismo, hizo hincapié en que el traslado en un avión militar a una persona condenada por corrupción excede cualquier justificación relacionada con un refugio humanitario y sugiere un supuesto desvío de recursos públicos con fines cuestionables. En ese sentido, el diputado insta a las instituciones a verificar la legalidad de esta acción y a determinar si constituye un caso de improbidad administrativa o incluso crimen de responsabilidad por parte del mandatario.
Otro de los documentos, el Requerimiento N.° 29/2025, fue presentado por el diputado brasileño Filipe Barros, representante del Partido Liberal por Paraná, y también pide investigar el uso de la aeronave de la FAB. El texto dirigido al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) subraya la falta de claridad sobre “la base normativa, administrativa, presupuestaria y estratégica” que fundamentó el uso del vehículo militar y exige que se aclaren los detalles de la operación a través de una auditoría exhaustiva.
Entre los puntos a analizar, el diputado solicita que el TCU verifique si existió un acto administrativo formal, con fundamento legal y debidamente motivado, para autorizar el uso de la aeronave. Asimismo, requiere identificar a las autoridades responsables de la decisión, la posible intervención de organismos jurídicos como la Abogacía General de la Unión o el Ministerio de Relaciones Exteriores, y si se efectuaron manifestaciones legales en relación a la operación. Otro aspecto central es el costo total de la misión. Esto incluiría gastos de combustible, horas de vuelo, tripulación, logística, mantenimiento y cualquier otra erogación asociada. Filipe Barros también subraya la necesidad de confirmar si la acción respetó los principios constitucionales de legalidad, moralidad, impersonalidad, economicidad y eficiencia establecidos en el artículo 37 de la Constitución de Brasil.
El pedido destaca la importancia de analizar la adecuación de esta operación específica con la misión constitucional de las Fuerzas Armadas brasileñas, las cuales tienen por objetivos constitucionales velar por la defensa de la patria, garantizar los poderes constituidos y, a solicitud de cualquiera de ellos, mantener el orden y la ley. El requerimiento sugiere que el uso de un avión militar para fines diplomáticos puede configurar un desvío de los objetivos planteados en el artículo 142 de la Constitución. Por último, el documento también emerge la preocupación por una posible desviación de finalidad o un favoritismo político-ideológico en la ejecución de esta medida, algo que, según Barros, deberá determinarse con base en las conclusiones técnicas del Tribunal de Cuentas de la Unión.
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