
El Pleno del Congreso aprobó un dictamen que establece sanciones penales para quienes utilicen la inteligencia artificial (IA) con fines delictivos. La propuesta modifica el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos, incorporando el uso de IA como agravante en la comisión de delitos. Esta medida, que incluye la prohibición de tecnologías como los deepfakes, busca frenar el abuso de herramientas tecnológicas en actividades delictivas, como la pornografía infantil, la difamación y otros crímenes cibernéticos
Con 99 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, el dictamen fue aprobado y exonerado de segunda votación. La iniciativa establece que los jueces podrán aumentar la pena privativa de libertad hasta en un tercio por encima del máximo legal para quienes utilicen IA o tecnologías similares para cometer delitos. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días para emitir la normativa adicional necesaria para la aplicación de las modificaciones, según establece el dictamen.

Destacan urgencia de regular la inteligencia artificial
El dictamen que regula el uso de la inteligencia artificial y su aplicación en la comisión de delitos fue sustentado por el congresista Isaac Mita Alanoca, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Mita destacó la importancia de la propuesta al señalar que la IA es un campo en evolución que plantea desafíos significativos en cuanto a la protección de datos personales, propiedad intelectual y derechos fundamentales.
“Los principales desafíos que esta tecnología enfrenta son el incumplimiento de las leyes de protección de datos personales, la violación del derecho y propiedad intelectual, la discriminación y acoso cibernético, entre otros, por lo que requiere con urgencia un marco normativo que sancione su mala implementación”, comentó el congresista. La propuesta también aborda problemas como la discriminación, el acoso cibernético y las falsas representaciones a través de los deepfakes, los cuales pueden dañar la reputación y la seguridad de los individuos.

La congresista María del Carmen Alva, durante el debate, destacó la urgencia de actualizar la normativa peruana para sancionar a quienes cometen delitos a través de la inteligencia artificial.
El comunicado emitido por el Congreso señala que el Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tendrá que emitir la normativa adicional necesaria para la aplicación de la ley en un plazo de 60 días desde su entrada en vigor. Esto permitirá una implementación efectiva de las nuevas sanciones y garantizará que los responsables de delitos cibernéticos que utilicen IA sean adecuadamente procesados.
Sanciones más severas para delitos con inteligencia artificial
El dictamen aprobado por el Congreso de Perú establece que el uso de la inteligencia artificial (IA) será considerado un agravante en la comisión de varios delitos. Entre estos delitos se incluyen:
- Pornografía infantil: El uso de IA para crear, difundir o distribuir material relacionado con la pornografía infantil será severamente sancionado.
- Difamación: La creación de contenido falso con la ayuda de IA, como los deepfakes, que pueda dañar la reputación de personas, será penalizada.
- Delitos cibernéticos: Los delitos relacionados con la manipulación de datos, fraude electrónico y otros crímenes informáticos cometidos con el uso de tecnologías basadas en IA serán también considerados agravantes.
- Discriminación: El uso de IA para crear o difundir contenido que promueva discriminación, ya sea por raza, género, orientación sexual o cualquier otro criterio, también será sancionado severamente.

El dictamen especifica que el juez podrá aumentar la pena privativa de libertad hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para cualquiera de estos delitos si se comprueba que se ha utilizado IA o tecnologías similares en su comisión. Esta medida busca reforzar las sanciones para quienes abusen de las nuevas tecnologías con fines ilegales.
Con esta aprobación, Perú se posiciona como uno de los países que buscan adelantarse a los retos legales que presenta la inteligencia artificial, un campo con un desarrollo rápido y que aún enfrenta problemas regulatorios a nivel mundial. La medida refuerza la lucha contra los delitos cibernéticos y protege a los ciudadanos de los abusos tecnológicos.
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