La Defensoría del Pueblo ha solicitado al Ejecutivo observar la autógrafa de ley recientemente aprobada por el Congreso de la República, que establece que los adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos en casos de delitos graves. Esta legislación permite la imposición de penas de hasta cadena perpetua a menores de edad involucrados en crímenes como sicariato, extorsión, narcotráfico, secuestro, feminicidio y violación sexual.
El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo se dio tras la aprobación del dictamen propuesto por el congresista José Luna Gálvez, quien defendió la medida como una respuesta a la creciente inseguridad y el aumento de la violencia en el país. Sin embargo, la Defensoría considera que esta reforma punitiva carece de un análisis profundo y no aborda adecuadamente las realidades sociales y jurídicas que afectan a los adolescentes. En este contexto, la Defensoría ha solicitado al Ejecutivo que revise la ley antes de su promulgación.
El Poder Judicial, el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se han pronunciado en contra del dictamen, advirtiendo sobre las posibles implicancias legales y humanitarias de tratar a los adolescentes de 16 y 17 años como adultos en el sistema penal. De acuerdo con la Defensoría, este enfoque no es compatible con el sistema de justicia juvenil establecido por las convenciones internacionales y las leyes nacionales que protegen a los menores.
“En el dictamen, no existe una sola posición institucional o de la sociedad civil organizada que respalde dichas iniciativas, pues tratándose de personas menores de edad, su abordaje obliga un análisis jurídico serio y coherente con la finalidad de la ley, respetuoso del marco convencional y constitucional vigente”, señaló.
La Defensoría señala que, en lugar de criminalizar y castigar severamente a los adolescentes, el país debería centrarse en políticas públicas que aborden las causas profundas de la violencia juvenil, como la falta de acceso a educación, la pobreza, y la desintegración familiar. Estas condiciones pueden ser factores determinantes en el comportamiento violento de los adolescentes y deberían ser parte de un enfoque integral para su rehabilitación y reintegración social.
Recomiendan revisar causas de la violencia juvenil
La Defensoría del Pueblo subrayó la necesidad de revisar el informe que detalla los motivos detrás de las conductas violentas de los adolescentes. En su pronunciamiento, la entidad destacó que muchas conductas delictivas pueden explicarse desde un enfoque científico y criminológico, basado en la psicología evolutiva y las neurociencias.
Según el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la responsabilidad penal de los adolescentes debe ser atenuada debido a su desarrollo emocional y cognitivo incompleto.
“Dicha evidencia sugiere que muchas de las conductas consideradas delictivas pueden explicarse por los cambios en el cerebro y el desarrollo psicosocial propios de esta etapa, lo que influye en sus capacidades cognitivas e inmadurez emocional, afectando su proceso de toma de decisiones”, se lee en el comunicado de la Defensoría.
Advierten que ignorar la vulnerabilidad juvenil perjudica su desarrollo
Desde un punto de vista de derechos humanos, la Defensoría también destacó que esta medida legislativa ignora la vulnerabilidad inherente de los adolescentes. “Este tipo de iniciativas legislativas ignoran la condición de vulnerabilidad de los adolescentes y la protección especial que la sociedad y el Estado deben garantizarles por mandato constitucional”, señalaron en su pronunciamiento.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo enfatizó que adoptar un enfoque punitivo, como el propuesto por la ley aprobada, no solo es incompatible con la ciencia y el derecho internacional, sino que también contradice las obligaciones del Estado peruano.
“Adoptar una postura distinta a la establecida en la ciencia y la ley implica que el Estado peruano incumpla su obligación de implementar políticas públicas que aseguren, a este grupo etario, las condiciones necesarias para desarrollar su proyecto de vida e integrarse como ciudadanos de bien que contribuyan al desarrollo del país”, concluyó la Defensoría.
El pronunciamiento resalta que el Estado tiene la responsabilidad de ofrecer a los adolescentes una educación adecuada, apoyo emocional y oportunidades para un desarrollo pleno, en lugar de tratar de manera punitiva a los menores que cometen delitos. Según la Defensoría, el sistema de justicia debe centrarse en la rehabilitación y reintegración de los jóvenes, con el objetivo de que puedan convertirse en miembros productivos de la sociedad, en lugar de perpetuar un ciclo de violencia y exclusión.
Congreso aprueba ley que juzga a adolescentes como adultos
El Congreso aprobó una ley que permite juzgar a los adolescentes de 16 y 17 años como adultos en casos de delitos graves, como sicariato, extorsión, narcotráfico, secuestro, feminicidio y violación sexual. Esta medida contempla penas de hasta cadena perpetua. La iniciativa, propuesta por el congresista José Luna Gálvez, busca abordar la creciente inseguridad y el uso de menores en actividades delictivas.
Sin embargo, la reforma ha sido rechazada por organismos internacionales como la ONU, que considera que la medida vulnera los derechos de los niños y contradice los estándares internacionales de protección a la infancia. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU y UNICEF han pedido fortalecer el sistema de justicia juvenil, argumentando que las cárceles no son efectivas y pueden agravar la violencia.
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