La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el extremo que recomienda inhabilitar al expresidente del Consejo de Ministros durante la gestión del expresidente Martín Vizcarra, Vicente Zeballos, por 5 años por el cierre del Congreso en 2019.
La propuesta de inhabilitación está incluida en el informe final que recomienda la inhabilitación de Vizcarra y el expremier Salvador del Solar. Sin embargo, el extremo referido a Zeballos, no se votó en la sesión anterior de la Comisión Permanente debido a que el exjefe de gabinete pidió un plazo para poder ejercer su derecho a la defensa.
No obstante, la vicepresidente del Congreso, la fujimorista Patricia Juárez, informó que Zeballos, pese a haber sido debidamente notificado, no asistió ni presentó algún escrito, por lo que consideró como su inasistencia como injustificada.
Se le atribuye a Zeballos haber infringido el artículo 134 de la Constitución, referido a la disolución del Congreso, al haber suscrito el Decreto Supremo 165-2019-PCM “faltando a la verdad”.
Según el informe final, el referido dispositivo incluía como considerando que la cuestión de confianza que se planteó ante el Parlamento fue rechazada al no haberse suspendido la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Ello pese a que el máximo intérprete de la Constitución validó la disolución del Parlamento.
“La suspensión del procedimiento de elección de los magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley, consecuentemente, Vicente Zevallos Salinas no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza”, se lee en el informe final.
Votaron a favor de la sanción los congresistas Waldemar Cerrón, Arturo Alegría, Héctor Ventura, María Acuña, Flavio Cruz, Américo Gonza, Alejandro Aguinaga, Norma Yarrow, Silvia Monteza, Martha Moyano, Lucinda Vásquez, Alejandro Soto, Jose Williams, Patricia Chirinos, Jorge Montoya, José Luna, Esdras Medina, Nelcy Heidinger, César Revilla y Víctor Flores.
En tanto, votaron en contra los parlamentarios Víctor Cutipa y Ruth Luque, mientras que Jorge Coaguila se abstuvo.
Ahora, el informe final que propone inhabilitar a Martín Vizcarra, Salvador del Solar y Vicente Zeballos será elevado al Pleno del Congreso, instancia que determinará finalmente si procede la sanción política.
Tercera inhabilitación de Vizcarra
En el caso del exmandatario, sería la tercera inhabilitación para ejercer cargos públicos que se le impone. Sobre el líder de Perú Primero ya pesa una inhabilitación de 10 años por haberse vacunado irregularmente con dosis experimentales contra la COVID-19 de Sinopharm, así como una segunda inhabilitación de 5 años por no renunciar al cargo de miembro del Directorio y Gerente de operaciones de la Empresa C y M Vizcarra tras asumir como ministro de Transportes y Comunicaciones en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en julio de 2016.
El expresidente recurrió al Poder Judicial para anular dichas inhabilitaciones; sin embargo, sus amparos fueron rechazadas en primera y segunda instancia.
Al cerrar la vía judicial, la defensa de Vizcarra presentó el recurso de agravio constitucional para elevar su caso al Tribunal Constitucional. A la fecha, esta instancia aún no resuelve dichos recursos.
El exmandatario adelantó que, en caso de que el TC rechace sus recursos, recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la esperanza de que este organismo levante sus inhabilitaciones tal como lo hizo con el presidente colombiano Gustavo Petro.
¿Vizcarra fuera de su propio partido?
El futuro político de Martín Vizcarra podría verse truncado tras una solicitud presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que sea retirado del padrón de afiliados de su propio partido, Perú Primero. Según informó Infobae, el pedido fue realizado por Luis Miguel Caya, exconsejero regional de Moquegua, quien argumentó que la permanencia de Vizcarra en una agrupación política contraviene un fallo del TC que prohíbe a ciudadanos inhabilitados para ejercer funciones públicas formar parte de partidos políticos.
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