Tras el cobarde ataque perpetrado por mineros ilegales contra la mina Poderosa en la provincia de Pataz, región La Libertad, las autoridades confirmaron que el número de víctimas mortales ha ascendido a cinco. El ataque, que tuvo lugar durante los días viernes 28 y sábado 29 de marzo de 2025, dejó un saldo trágico y reveló una vez más el alto nivel de violencia en la región minera.
El primer atentado se registró en la madrugada del 28 de marzo, cuando un grupo armado atacó uno de los socavones de la mina Poderosa. Según información proporcionada por el coronel PNP Javier Arana, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Policía Nacional del Perú (PNP), los agresores destruyeron una torre de alta tensión, lo que provocó un corte en el suministro de energía eléctrica en la zona.
Modus operandi del atentado
El corte de energía electrica fue clave en la estrategia de los atacantes, ya que les permitió ingresar disparando a la mina y llevar a cabo el ataque contra los trabajadores que se encontraban en el socavón. Esta modalidad busca forzar la salida de los empleados de las minas legales.
Al día siguiente, la madrugada del 29 de marzo, un grupo armado emboscó un miniván que transportaba a trabajadores de la mina y personal de seguridad. El vehículo, con la placa T7R-564, viajaba por la quebrada Ciénaga, en el distrito de Pataz, cuando fue atacado a tiros. Como resultado del atentado, dos personas, identificadas como Alexander Galarza Huachihuaco y Edikson Jiménez Peña, perdieron la vida en el acto. Otros dos heridos fallecieron en hospitales de Trujillo, aunque aún no se ha confirmado su identidad.
La respuesta de las autoridades
Tras el doble atentado, las autoridades locales y nacionales han tomado medidas para investigar los hechos y frenar la creciente violencia en la región. La policía y el Ejército del Perú han intensificado sus operaciones en la provincia de Pataz, que ha estado en estado de emergencia desde hace más de un año debido a la presencia de grupos armados vinculados a la minería ilegal.
El coronel Arana confirmó que, además de los efectivos policiales, se ha destacado a 100 agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y a otros 100 miembros del Ejército, con el objetivo de garantizar la seguridad y contrarrestar las acciones de los grupos armados.
El coronel PNP también destacó que los dos atentados están relacionados y tienen por objetivo atacar las operaciones de la mina Poderosa, una de las principales en la región. De acuerdo con Arana, el objetivo de estos sujetos es ocupar e iniciar sus actividades de extracción ilegal.
Presidenta le declara la guerra a la minería ilegal
La presidenta Dina Boluarte, quien se encontraba en una reunión con altos mandos del Ejército y la Policía Nacional en el cuarto de guerra, condenó enérgicamente el ataque y reiteró la postura del gobierno contra la minería ilegal. La mandataria señaló que el ataque no solo afectó la seguridad de los trabajadores, sino que también tuvo un impacto negativo en el medio ambiente, al poner en evidencia los efectos devastadores de la minería ilegal en los bosques y los ríos.
“El gobierno no tolerará la minería ilegal que destruye nuestros bosques, contamina nuestros ríos y perjudica la inversión en la región. Lo ocurrido en estos días tendrá consecuencias”, afirmó la jefa de Estado. Además, remarcó que las acciones de los grupos armados que operan en la minería ilegal no quedarán impunes y que se están tomando medidas para combatirlos con firmeza.
Empresa exige acciones al gobierno
El representante de la minera Poderosa hizo un llamado urgente al Gobierno peruano, instando a tomar medidas efectivas contra la creciente amenaza de la minería ilegal en la región. Ante la situación crítica, la empresa solicitó una reunión de emergencia con el Ministro del Interior para discutir una respuesta decidida y coordinar esfuerzos con las autoridades.
En paralelo, la minera ha comenzado a avanzar en la construcción de la infraestructura necesaria para establecer un frente policial en la región, con la finalidad de reforzar la seguridad en sus instalaciones. Sin embargo, el representante destacó que, para que este proyecto sea una realidad, es urgente que la Policía agilice los trámites administrativos pertinentes, lo que permitiría concretar más rápidamente la colaboración con las fuerzas del orden.
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