Organizaciones de la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas en Perú alertaron el miércoles (05.03.2025) sobre los peligros que la promoción de actividades de hidrocarburos representa para sus territorios, especialmente en áreas protegidas y tierras ancestrales.
Según la agencia EFE, la denuncia fue presentada durante una audiencia virtual en el 192 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde pidieron que se excluyan las áreas de promoción de hidrocarburos de las reservas indígenas, territorios de pueblos en aislamiento voluntario y de contacto inicial (PIACI), y áreas naturales protegidas.
Vanessa Cueto, presidenta de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), enfatizó que la oferta del Estado peruano de áreas para la extracción de hidrocarburos en la Amazonía afecta gravemente a las reservas indígenas y territoriales, así como a los pueblos en aislamiento.
Estas áreas de intervención también abarcan territorios de 21 pueblos originarios, vulnerando sus derechos fundamentales, incluidos el derecho a la información, el derecho a la participación ciudadana, la consulta previa y el consentimiento libre e informado.
Además, Cueto subrayó que la promoción de estas actividades incumple los compromisos internacionales de Perú en cuestiones relacionadas con el cambio climático, la biodiversidad y el respeto a los derechos humanos.
Pueblos indígenas en riesgo por la promoción de hidrocarburos
El dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Julio Cusirichi, también señaló que la superposición de las áreas promocionales de hidrocarburos con los territorios originarios pone en peligro la vida de pueblos como los achuar, ashaninka, awajún, chapra, harakbut, shipibo-konibo, entre otros.
Estos pueblos dependen de sus territorios para su supervivencia, y la intervención de hidrocarburos amenaza no solo su bienestar económico y cultural, sino también su derecho a la autodeterminación.
En la audiencia, Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, cuestionó duramente las declaraciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que defendió las actividades de exploración petrolera, asegurando que las técnicas y tecnologías utilizadas no afectarían la sostenibilidad de los recursos naturales ni los procesos ecológicos.
Guimaraes rechazó esta afirmación, argumentando que la intervención en territorios tan frágiles y biodiversos es incompatible con la preservación ambiental y los derechos de los pueblos originarios.
Alerta sobre intentonas del Congreso y el Ejecutivo para modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas
Desde el punto de vista legal, el abogado especializado en materia ambiental César Ipenza denunció que el Minem y la empresa estatal Perupetro están promoviendo actividades de exploración petrolera en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, una de las áreas protegidas más importantes de Perú.
Este parque, reconocido por su gran biodiversidad y ecosistemas frágiles, está legalmente prohibido para este tipo de actividades extractivas. Ipenza también alertó sobre las intentonas del Congreso y el Ejecutivo para modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas, lo cual podría poner en peligro la conservación de estas zonas frágiles.
Ante este panorama, Guimaraes solicitó formalmente a la CIDH que emita una recomendación al Estado peruano para que excluya las áreas promocionales de hidrocarburos de las reservas indígenas, los territorios PIACI y las áreas naturales protegidas.
También pidió que se respete el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, así como que el gobierno repare y restaure los territorios originarios afectados por actividades extractivas ilegales.
Las organizaciones también hicieron hincapié en la necesidad de que el Estado peruano cumpla con los acuerdos establecidos en las mesas de trabajo entre las organizaciones indígenas y las entidades gubernamentales, y que promueva una diversificación de la matriz energética con la participación activa de las comunidades originarias. Esto, según los dirigentes, es fundamental para garantizar el bienestar de las generaciones futuras y la preservación de sus derechos.
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