La Segunda Sala Penal Especial de la Corte Suprema sentenció a ocho años de prisión efectiva y seis años de inhabilitación a un exfiscal de la Fiscalía Provincial Mixta en Chepén, región La Libertad, tras encontrarlo culpable del delito de cohecho pasivo específico. Según los audios grabados por el denunciante, el exfuncionario exigió S/5000 a cambio de archivar una investigación en su contra.
Según información del portal LP Pasión por el Derecho, el caso se remonta a 2017, cuando el entonces fiscal solicitó S/5000 a un ciudadano procesado por desobediencia a la autoridad. Según las grabaciones presentadas como evidencia, el acusado ofreció archivar la investigación a cambio del soborno. “Tú tienes harta plata, que sean S/5000, sino te vas a cana, porque tú estás en otro proceso. Ve tú, yo te limpio en esta”, se escucha en una de las conversaciones.
Las pruebas presentadas incluyeron grabaciones realizadas por el denunciante, quien, asesorado por un abogado, decidió registrar los encuentros con el fiscal. Las evidencias fueron clave para demostrar la culpabilidad del exfuncionario, que insistió en obtener el soborno bajo amenaza de continuar con el caso en su contra.
Los audios que revelaron la corrupción
En junio de 2017, el denunciante fue citado por el fiscal, quien le sugirió archivar el caso mediante un acuerdo reparatorio. Durante la conversación, el acusado indicó: “Habla bonito para de una vez archivarlo el caso o traes a tu esposa para que se retracte”. También fijó la reparación civil en S/500 para la parte afectada y S/500 para el Estado.
El 7 de julio de 2017, el denunciante acudió nuevamente a la oficina del fiscal, grabando todo el encuentro. En esa ocasión, el funcionario fue explícito: “Ya pues, de una vez, no me emociones, cómo va a ser, son cinco luquitas”. Al escuchar que el ciudadano no podía pagar el monto solicitado, el fiscal respondió: “Pero entonces habla bonito, cuánto puedes”.
Finalmente, el 10 de julio, el denunciante presentó las grabaciones a la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público en La Libertad. Además, entregó un CD con las conversaciones sostenidas con el fiscal, lo que permitió iniciar las investigaciones que culminaron con la condena.
La defensa del acusado y la sentencia final
El exfiscal intentó desacreditar las pruebas durante el juicio, argumentando que las grabaciones carecían de validez legal y que no cumplían con los requisitos establecidos por el Acuerdo Plenario 02-2005. También alegó que el denunciante no era agraviado directo, ya que el delito de cohecho pasivo afecta exclusivamente a la administración pública. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que los elementos probatorios eran contundentes y desestimó los argumentos de la defensa. Según los jueces, las pruebas demostraron que el exfiscal solicitó dinero a cambio de abstenerse de realizar actos inherentes a sus funciones.
La sentencia impuesta fue ejemplar: ocho años de prisión efectiva, seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa de 365 días de ingresos y una reparación civil de S/10.000 a favor del Estado. El tribunal ordenó la ejecución inmediata de la pena. Además, se ordenó inscribir la sentencia en los registros correspondientes y ejecutar la pena de manera inmediata.
¿Cuáles son los actos de corrupción más comunes en el Perú?
La corrupción puede tomar muchas formas, desde el uso indebido de bienes del Estado hasta la manipulación de contratos públicos. Reconocer las modalidades más comunes es clave para identificar si lo que presenciaste constituye un delito. Estos actos afectan directamente a sectores fundamentales como transporte, salud y educación, agravando las desigualdades en el acceso a servicios básicos.
Entre los delitos más comunes están:
- Cohecho: Cuando un funcionario solicita o recibe beneficios para actuar en contra de sus funciones.
- Peculado: El uso indebido de bienes o dinero del Estado para fines personales.
- Colusión: Pactos ilegales para obtener beneficios en contratos públicos.
- Negociación incompatible: Favorecimiento indebido en procesos de contratación estatal.
- Tráfico de influencias: Uso de contactos para obtener ventajas en trámites administrativos o judiciales.
Cada uno de estos actos tiene sanciones que van desde los 2 hasta los 15 años en prisión, según su gravedad.
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