A más de ocho años de la creación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el avance en la formalización de la pequeña minería en el Perú es decepcionante. Con solo un 2.3% de los inscritos habiendo completado el proceso, este esfuerzo refleja un panorama de ineficiencia y desconexión entre las políticas públicas y las necesidades del sector. El reto no es menor, considerando que unas 500 mil personas dependen de esta actividad para su sustento diario.
La informalidad minera no solo afecta al sector directamente involucrado, sino que también repercute en la economía y la sociedad. Según un informe reciente, la minería ilegal genera pérdidas equivalentes al 2.5% del PBI, una cifra alarmante que destaca la necesidad de soluciones urgentes. Esta realidad también perpetúa problemas ambientales, sociales y laborales que limitan el desarrollo de las comunidades mineras y refuerzan las desigualdades existentes.
El problema radica en parte en el propio REINFO. Diseñado como una herramienta para ordenar la actividad minera, su gestión ha estado plagada de inscripciones fraudulentas, falta de claridad en los procesos y un limitado acompañamiento a los mineros comprometidos con la formalización.
Al respecto el GDMDS, con más de dos décadas de experiencia en la promoción de soluciones sostenibles, ha planteado diez propuestas clave que merecen atención. Entre ellas destacan:
- Incrementar el presupuesto para la formalización minera: Destinar más recursos al procesamiento de expedientes y capacitación de pequeños mineros. Actualmente, el gasto en combatir la minería ilegal supera en cinco veces la inversión en formalización.
- Depurar el REINFO: Implementar procesos claros para identificar a los mineros verdaderamente comprometidos con la formalización y excluir a aquellos que operan fuera de la legalidad.
- Resolver conflictos por terrenos concesionados: Fomentar mecanismos que prevengan la especulación y promuevan la inversión en terrenos inactivos.
Estas medidas no solo buscan ordenar el sector, sino también garantizar que las comunidades mineras se beneficien de un marco legal que promueva el desarrollo sostenible y la justicia social.
Diálogo, no confrontación
En un país donde la informalidad laboral supera el 72%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), priorizar la formalización minera debería ser una tarea compartida entre el Estado, los gremios y las asociaciones. Sin embargo, esto solo será posible si se deja de lado la confrontación política y se adoptan enfoques técnicos y consensuados.
Promover un sector minero formalizado no es un simple ejercicio de cumplimiento legal; es una oportunidad para transformar la economía y las comunidades que dependen de esta actividad. La formalización no debe ser vista como un objetivo final, sino como un proceso continuo que requiere inversión, acompañamiento y compromiso.
Una oportunidad para la sostenibilidad
La formalización de la pequeña minería podría convertirse en un modelo para otros sectores económicos con alta informalidad. Al depurar registros, priorizar presupuestos y resolver conflictos, el Estado puede generar un impacto positivo no solo en términos económicos, sino también sociales y ambientales.
El Perú enfrenta un momento crítico. Con una minería artesanal que representa el sustento de medio millón de personas, las decisiones que se tomen hoy determinarán el futuro de estas comunidades y su capacidad para contribuir a una economía más justa y sostenible. La tarea no es sencilla, pero las soluciones existen. Solo falta voluntad política y un verdadero compromiso con el cambio.
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