La presidenta Dina Boluarte sostuvo una reunión virtual con el primer ministro Gustavo Adrianzén y los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, desde Davos, Suiza, donde participa en la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF). El encuentro tuvo lugar un día después del atentado a una sede del Ministerio Público en Trujillo, La Libertad, y sin la presencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sector encargado de la seguridad.
Boluarte viajó este lunes al evento internacional, acompañada por el canciller Elmer Schialer, el ministro de Economía y Finanzas José Arista, y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego Ángel Manero. Justo el mismo día, la sede del Ministerio Público en Trujillo sufrió un atentado, presuntamente perpetrado por la organización criminal “Los Compadres”.
A través de su cuenta oficial en la red social X, la Presidencia de la República informó sobre la reunión, destacando que, entre los temas tratados, se incluyó la lucha contra los criminales de alta peligrosidad, como sicarios, extorsionadores y asesinos. La presidenta Boluarte anunció que estos delincuentes serán enviados al penal de Challapalca, pero la falta de acciones inmediatas previas a la reunión pone en duda la efectividad de tales medidas.
Además, Boluarte instó al Poder Judicial y al Ministerio Público a trabajar de manera coordinada para evitar que los detenidos sean liberados con facilidad. No obstante, este llamado llega con considerable retraso, en un contexto de creciente criminalidad que exige respuestas urgentes y efectivas. La demora en la promulgación de la ley que restablece la detención preliminar ha agravado aún más la situación, permitiendo que las organizaciones criminales se beneficien de vacíos legales y que muchos delincuentes queden en libertad, prolongando la impunidad en el país.
Un aspecto llamativo de las fotografías difundidas por el despacho de Boluarte es que, aunque están presentes los titulares de Economía, Relaciones Exteriores, Defensa y el jefe del gabinete ministerial, no se observa al ministro Juan José Santiváñez, encargado de la seguridad interna.
“Condenamos estos ataques terroristas de bandas criminales y aseguramos a la población que no descansaremos ni flaquearemos ante estos viles atentados”, se lee en el pronunciamiento emitido pocas horas después del ataque a la sede fiscal. En dicho comunicado, también se anunció la toma de control de la ciudad por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en el marco del estado de emergencia, como una medida reactiva frente a la creciente violencia. Sin embargo, la efectividad de tales medidas sigue siendo objeto de debate.
Critican falta de estrategias preventivas ante ola de criminalidad
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó su preocupación por la falta de estrategias operativas efectivas para enfrentar la creciente criminalidad en el país, tras el ataque al Ministerio Público. Señaló que el trabajo del organismo genera temor en los delincuentes, lo que ha provocado estos ataques, y subrayó la necesidad de una inteligencia policial más eficiente para prevenir estos crímenes.
Espinoza resaltó que las medidas reactivas, como los estados de emergencia, no son suficientes sin un respaldo de acciones preventivas basadas en inteligencia. Además, criticó la escasez de presupuesto para la Policía Nacional, lo que limita la capacidad de la institución para anticiparse a los delitos.
La fiscal mencionó que, en reuniones previas con el Ministerio del Interior, se discutió la necesidad de fortalecer las labores de inteligencia y mejorar los recursos para la policía. En este contexto, instó al Ministerio de Economía y Finanzas a asignar los recursos necesarios para una actuación preventiva más eficaz.
El congresista de la región norteña, Diego Bazán, cuestionó la efectividad de las medidas de seguridad en Trujillo. A través de un video, recordó a la presidenta que la ciudad lleva casi un año en estado de emergencia, preguntándose qué avances se han logrado. Criticó que las fuerzas del orden recién tomen el control, a pesar de las solicitudes previas de intervención.
En su opinión, la presencia policial, incluso con refuerzos desde Lima, no resolverá el problema: “Los efectivos no nos van a cuidar 24 horas”, afirmó. Bazán exigió fortalecer las acciones de inteligencia, capturar a los cabecillas de las organizaciones criminales y mejorar los recursos en las zonas mineras.
Casi un año en estado de emergencia en Trujillo
El atentado contra el Ministerio Público ocurrió en el contexto del estado de emergencia que se mantiene en las provincias de Trujillo, Virú y Pataz desde hace casi un año. Esta medida fue implementada en febrero de 2024, tras un periodo previo de 14 meses de emergencia en la región, tal como informó Infobae Perú en ese entonces.
A pesar de las restricciones impuestas y el anuncio de un incremento en el personal policial, así como el envío del coronel PNP Víctor Revoredo a Trujillo para liderar las operaciones de captura del líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’, las acciones del gobierno de la presidenta Dina Boluarte no han logrado reducir significativamente la criminalidad en la zona.
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