El gobierno de Dina Boluarte estaría próximo a observar la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, informó el ministro del Interior, Juan José Santivañez. Esta respuesta llega después de varios días de espera tras la aprobación de la norma en el Congreso, situación que ha permitido que investigados como el vocero presidencial Fredy Hinojosa, implicado en el caso Qali Warma, permanezcan en libertad.
En conferencia de prensa desde el Congreso, tras una reunión con el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, Santivañez adelantó que la oficina técnica de su cartera ha formulado objeciones al contenido de la autógrafa.
El titular del Mininter subrayó que las observaciones presentadas no son “antojadizas”, sino estrictamente técnicas, y buscan evitar futuras complicaciones legales. “No se puede pretender avalar, por ejemplo, una detención preliminar por un delito sancionado con cuatro años cuando la ley penal establece prisión a partir de cinco años. Eso es ilegal”, puntualizó.
El Congreso tiene la facultad de obviar las recomendaciones del Ejecutivo y aprobar la norma por insistencia, posibilidad que no sería inesperada dado el prolongado tiempo que tomó al gobierno emitir una respuesta sobre la autógrafa de ley. No obstante, cabe recordar que el Pleno del Congreso no abordará la evaluación de la norma hasta marzo.
Detención preliminar sigue en el limbo
Ante este contexto, se le consultó al ministro del Interior, Juan José Santivañez, si se consideraría la solicitud de una sesión extraordinaria para evitar dilaciones en procesos urgentes que requieren de esta medida, como los relacionados con la red de corrupción de Qali Warma, el caso Cofre o la presunta red de prostitución vinculada al Congreso. Santivañez aclaró que el Ejecutivo no tiene competencia para realizar dicha solicitud, subrayando los límites de su autoridad en este proceso legislativo.
“Nosotros no tenemos ninguna autoridad para solicitar una sesión extraordinaria, sin embargo, quiero aclarar que el hecho de que esté en el limbo una norma referida a la detención preliminar, no impediría que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva de una persona”, puntualizó el ministro.
Anuncio llega tras 25 días de espera desde la aprobación en el Congreso
El ministro del Interior aseguró que el Ejecutivo emitirá sus observaciones sobre la ley que restablece la detención preliminar antes del 14 de enero, cumpliendo con el plazo establecido por el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén. Sin embargo, hasta ahora, solo estos dos funcionarios han hablado públicamente sobre la norma, mientras la presidenta Dina Boluarte guarda silencio.
“El plazo es el plazo legal, no plazos razonables. Hay un solo plazo, vence el día 14. Yo le puedo asegurar que antes de esa fecha el Poder Ejecutivo se va a pronunciar respecto del proyecto de ley que usted ha referido”, afirmó Adrianzén días atrás, intentando justificar la inacción del gobierno.
Este viernes 10 de enero se cumplen 25 días desde que el Congreso aprobó la norma, sin que Boluarte haya promulgado u observado el texto. La falta de un pronunciamiento presidencial genera cuestionamientos, especialmente por el impacto que esta demora tiene en casos de corrupción y en la lucha contra la criminalidad organizada, objetivos que el Ejecutivo afirma priorizar.
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