Isabel Cajo renunció por caso de presunta red de prostitución, pero sigue en el despacho de Edwin Martínez

Isabel Cajo, vinculada a la presunta red de prostitución que habría operado en el Congreso de la República, ya no trabaja en el Legislativo.

El congresista Edwin Martínez, confirmó que la joven le presentó su renuncia a raíz del escándalo en la que se ha visto envuelta y los cuestionamientos en su contra. Sin embargo, aclaró que “tiene las puertas abiertas”, para regresar cuando desee.

“Isabel Cajo presentó su carta de renuncia en un momento difícil para ella por toda la repercusión que está sufriendo, pero todavía tiene un trabajo pendiente. Yo le dije que una vez que ella termine el trabajo, se le acepta su renuncia”, manifestó Martínez en declaraciones a RPP.

Cajo Salvador ingresó al despacho de Edwin Martínez después de que se diera por terminada su vínculo laboral en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, que en ese entonces estaba bajo la dirección de Jorge Torres Saravia. Junto a ella, también fueron despedidas las otras jóvenes vinculadas a la supuesta red de explotación sexual: Alexandra Gil y Andra Vida.

Comisión de Fiscalización

Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, encargada de investigar la muerte de Andrea Vidal y la presunta red de explotación sexual, el congresista Juan Burgos reveló que Cajo Salvador ya no formaría parte del Congreso.

El anuncio se produjo mientras el grupo de trabajo abordaba la denuncia de la joven sobre el robo de su celular, ocurrido en el distrito de Magdalena.

“Respecto a la denuncia presentada por la señorita Isabel Flores Cajo Salvador respecto a que habría sido objeto del robo de su celular, el día 27 de diciembre de 2024, a las 20:10 horas, aproximadamente, fecha que aún tengo entendido, era trabajadora del Congreso de la República, ya que la señorita habría renunciado antes de fin de dicho mes (diciembre)”, indicó el parlamentario.

Cajo Salvador formó parte de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, donde trabajó junto a Jorge Torres Saravia, actualmente investigado por el presunto delito de explotación sexual.

Tras ser despedida de dicha oficina, fue contratada en el despacho del congresista Edwin Martínez. Lo cuestionable de su contratación radicaba en que recibía una remuneración superior a los 7 mil soles, a pesar de no contar con el grado de bachiller.

El parlamentario Martínez defendió la contratación de Isabel Cajo, asegurando que no era necesario “ser bachiller” para desempeñar las funciones asignadas. Además, arremetió contra el congresista Juan Burgos, calificándolo de “cobarde” por insinuar que la joven estaría vinculada a la presunta red de explotación sexual liderada por Torres Saravia.

Robo de celular

En los últimos días, el nombre de Isabel Cajo ha cobrado relevancia tras denunciar el presunto robo de su celular. Según el acta policial, el incidente habría ocurrido el 27 de diciembre, mientras salía a pasear a su mascota.

No obstante, poco después, la Municipalidad de Magdalena emitió un comunicado en el que desmentía dicha denuncia, señalando que no hubo evidencia de que el hecho ocurriera.

Ante esto, la joven se pronunció y ratificó su denuncia, además pidió que cesen los ataques en su contra.

“Debo poner de conocimiento de las autoridades y sobre todo de la Municipalidad que no he faltado a la verdad y que, si bien dicha institución ha presentado un video de vigilancia, la persona que se observa en dicha grabación no soy yo”, afirmó en un audio enviado a la periodista Milagros Leiva.

Cabe señalar que el celular de la joven sería una pieza clave en la investigación por el asesinato de Andrea Vidal y su participación en la presunta red de prostitución.

Por otra parte, en la Comisión de Fiscalización, los parlamentarios pidieron copia de la denuncia policial e indagar más sobre el robo del celular.

La congresista Norma Yarrow dijo que habría que revisar si el equipo era de la joven o era parte del material que entrega el Congreso a sus trabajadores.

Alejandro Soto

El expresidente del Congreso, Alejandro Soto, habría recomendado la contratación de Isabel Cajo, según informó la congresista Norma Yarrow.

La parlamentaria de Renovación Popular presentó documentos que respaldan estas acusaciones, destacando una cláusula específica que permitió la continuidad laboral de Cajo bajo condiciones excepcionales.

Entre los 20 contratos revisados por el equipo de Yarrow, uno llamó particularmente la atención debido a la inclusión de una “adenda”. Este anexo, autorizado por la Presidencia del Congreso, estipulaba que la abogada debía mantener su vínculo laboral bajo la modalidad de servicio técnico. “Los demás contratos no tienen ese artículo. El presidente del Congreso era Alejandro Soto, de APP. Es un documento oficial. No estoy diciendo cosas que no existen, son hechos”, afirmó Yarrow al exponer el documento ante los medios.