La MAPE: una historia sin fin

Han sido muchos los acontecimientos sucedidos durante este año en torno a la Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala). La razón es el vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) el 31 de diciembre. Plazo que, por tercera vez, ha sido ampliado por el Congreso por 6 meses, con una posibilidad de prórroga por otro período igual, vía Decreto Supremo. Así, es seguro que tendremos a la minería ilegal operando en nuestro país impunemente un año más, cuanto menos.

La salida del ministro de Energía y Minas, tras la remisión (tardía) del proyecto de una nueva Ley MAPE, anunciaba que el Congreso no tenía interés en debatirlo. Las evidencias de que el REINFO ha sido un fracaso, así como las cifras que muestran el alarmante crecimiento de la minería ilegal —con todo lo que esto conlleva: explotación infantil, trata de personas, deforestación, crimen organizado, lavado de activos y otros delitos—, no fueron consideradas en esta decisión irresponsable y escandalosa de dejar que el crimen y la ilegalidad sigan reinando al amparo de una norma que los protege.

La MAPE es una actividad tradicional de nuestra economía, que debe promoverse y protegerse; pero ello, en ningún caso, significa ausencia de normativas, lineamientos y estándares para su correcto ejercicio. Esto es aún más imperioso dado que la minería es una actividad de alto riesgo, en la que se ponen en juego no solo la salud y seguridad de quienes trabajan en ella, sino las de todos los peruanos. Por lo tanto, requiere supervisión y fiscalización, aun cuando se trate de la minería artesanal y de pequeña escala.

Lo antes dicho pasa por un proceso de formalización, que se ha tentado en nuestro país desde hace más de 20 años. Y la prórroga del REINFO no es más que el deseo de unos pocos (con mucho poder) de que sea, una vez más, la consumación de una “historia sin fin”. La formalización es un camino por el que deben transitar aquellos que quieran realizar su actividad de manera legal, cumpliendo los requerimientos y exigencias de la ley (tributarios, laborales, administrativos, ambientales, entre otros). El REINFO, por tanto, no es un estado permanente, ni tiene por finalidad que quienes estén allí inscritos lo elijan como punto de llegada. Pero, tal como están dadas las reglas de juego, es el escenario ideal para que los mineros ilegales (que no tienen ningún interés en formalizarse) puedan ejercer su actividad ilícita sin que la ley los alcance. ¿La razón? La propia norma los exime de responsabilidad penal.

Estoy de acuerdo con que el proyecto de Ley MAPE, como cualquier otro, es perfectible; pero iba por el camino correcto y, sobre todo, constituía un punto de inicio para ordenar las cosas. En esta línea, establecía incentivos para lograr la formalización (por ejemplo, creación de zonas especiales para la MAPE, beneficios para celebrar contratos de explotación y de cesión, facilidades para la inclusión financiera), simplificaba trámites administrativos (estableciendo el Sistema Nacional Interoperable de la MAPE) y regulaba aspectos tributarios (como los referidos a la liquidación de compra).

Asimismo, este proyecto de ley fortalecía las competencias de las regiones para la supervisión y fiscalización de la MAPE, asignándoles recursos para cumplir las tareas que esta ley les encomendaba (las regiones podían destinar hasta el 10% del canon minero para este fin y, a partir de 2026, el MEF podría transferirles recursos directamente).

Finalmente, la intervención no solo del MINEM, sino también del MEF (SUNAT) y del Ministerio de Trabajo, junto con otros organismos del Estado, en un trabajo coordinado con los Gobiernos Regionales, es una muestra de que se buscaba abordar el problema de manera integral y plantear soluciones conducentes a que la MAPE trabaje, pero cuidando sus impactos medioambientales (y haciéndose responsable por los daños causados, de ser el caso), respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo y contribuyendo con el crecimiento económico del país. Y, no menos relevante, expresaba claramente el rechazo a la explotación infantil y planteaba una lucha explícita contra la minería ilegal (derogando la norma que la exoneraba de responsabilidad penal y señalando que sus delitos vinculados con organizaciones criminales serían juzgados por la Corte Penal Nacional).

Esto es poner las cosas en su sitio, y una muestra clara de que el Estado busca retomar las funciones que todos esperamos cumpla en concordancia con el mandato constitucional y las expectativas de los ciudadanos. Si bien, lamentablemente, esta batalla la perdimos los peruanos de bien, no podemos desaprovechar lo que se ha ganado, pues la exposición del tema en los medios ha sido amplia. Debemos hacer lo que corresponda antes que se venza el plazo de 6 meses que el Congreso le ha otorgado nuevamente a la minería ilegal.