Han transcurrido más de dos semanas desde que se aprobó la ley que permitiría restablecer la detención preliminar en casos de no flagrancia, y el gobierno de Dina Boluarte aún no ha decidido si la promulgará o la observará. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que aún están recopilando las opiniones necesarias para tomar una decisión.
En una conferencia de prensa posterior a la reunión del gabinete ministerial, Adrianzén justificó la inacción del Ejecutivo alegando que aún están dentro del plazo legal de 15 días, tiempo que, según él, se estaría utilizando para recopilar información de los sectores involucrados.
“Estamos esperando recabar toda la información proveniente de los sectores concernidos que emitirán opinión y, a partir de ahí, se va a tomar la decisión de observarla o de promulgarla. Todavía estamos dentro de los plazos”, afirmó el premier, sin establecer una fecha concreta para definir el futuro de esta ley.
Adrianzén ha utilizado el mismo argumento para justificar la demora en la promulgación de la Ley 9733, que busca restituir la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia. Desde su aprobación en el Congreso, el premier ha insistido en que el Ejecutivo se encuentra dentro de los plazos legales y en que están a la espera de opiniones de expertos.
El pasado 18 de diciembre, reiteró: “Lo que tenemos que decir en estos momentos es que nos encontramos en los plazos legales y estamos haciendo un exhaustivo análisis para ver qué es lo que corresponde, como siempre ocurre, cuando llegan las normas, los proyectos del Congreso, distribuimos entre los sectores concernidos y estamos esperando opinión de que todos se pronuncien. Este tema merecerá un análisis muy detallado”.
Demora genera suspicacias contra el Gobierno
La indecisión del Ejecutivo respecto a la promulgación de la ley que restituye la detención preliminar judicial ha generado críticas. El gobierno justificó la demora argumentando que las normas deben resguardar a la población. Estas declaraciones han intensificado las dudas, especialmente al coincidir con la solicitud de detención preliminar contra Fredy Hinojosa, vocero presidencial y exdirector del programa de alimentación Qali Warma durante la gestión de Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, enfrenta acusaciones por presunta organización criminal, colusión y cohecho.
En ese marco, se solicitó su detención por 10 días y el allanamiento de viviendas vinculadas a 14 personas. Sin embargo, esta medida fue rechazada debido a modificaciones previas realizadas por el Congreso.
Ejecutivo debería priorizar promulgación de la ley sobre detención preliminar
En la última sesión de la legislatura, el Congreso aprobó con 79 votos a favor y 8 en contra la restitución de la detención preliminar en casos sin flagrancia, figura eliminada anteriormente pese a las advertencias del Ministerio Público. Sin embargo, el Ejecutivo, que tiene un plazo de 15 días para promulgar la norma, no ha dado señales claras de celeridad, lo que ha generado críticas por la demora en atender una ley considerada prioritaria.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, enfatizó la urgencia de corregir los errores cometidos al eliminar esta medida clave. “Ellos tienen un plazo de 15 días, pero evidentemente ante la premura, ante la urgencia y lo evidente del error en el cual se ha incurrido, yo creo que el Ejecutivo tiene que promulgarlo de manera inmediata”, declaró en entrevista con RPP.
Defensoría exige promulgar la ley de detención preliminar
La Defensoría del Pueblo, liderada por Josué Gutiérrez, se sumó al pedido de diversas instituciones para que el Ejecutivo promulgue sin demora la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. A través de un comunicado publicado en redes sociales, la entidad destacó la importancia de esta norma para fortalecer el trabajo de jueces y fiscales en la lucha contra la criminalidad.
En declaraciones al citado medio radial, Gutiérrez reiteró este llamado, subrayando la necesidad de garantizar parámetros claros en la aplicación de la norma. “Debe haber el espacio necesario para que, respetando los espacios constitucionales sobre la cual la Defensoría debe defender a todos los peruanos, se pueda hacer acotaciones para que las detenciones preliminares tengan el parámetro de la legalidad a fin de implementarse”, afirmó el defensor.
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