El retorno del servicio militar obligatorio en Perú viene cobrando fuerza en el debate público y político con la reciente presentación de tres proyectos de ley en noviembre de 2024. Sin embargo, para que esta medida pase de una propuesta a una realidad, aún se requiere que el Congreso de la República complete diversas etapas legislativas.
Las iniciativas impulsadas por la congresista María Acuña y otros legisladores, así como por autoridades locales como la Municipalidad de Los Olivos, proponen restablecer el servicio militar con un enfoque preventivo frente a la inseguridad ciudadana.
A pesar de su impacto mediático y social, estas propuestas aún deben sortear varios procesos formales y obstáculos políticos dentro del Congreso. Ante ello, no se puede precisar una fecha exacta en la podrían ser aprobadas algunas de esas iniciativas parlamentarias.
El camino legislativo
Los proyectos de ley —identificados como 09589, 09640 y 09651— ya fueron derivados a la Comisión de Defensa del Congreso, la primera instancia encargada de analizar, discutir y emitir un dictamen. En esta etapa, se evalúan los fundamentos de cada iniciativa, así como su viabilidad legal, financiera y social.
La comisión puede decidir aprobar, rechazar o realizar modificaciones a los proyectos antes de pasarlos al Pleno del Congreso, donde se requiere mayoría simple para su aprobación en primera votación. Posteriormente, los proyectos deberán pasar por una segunda votación, en la que nuevamente se necesita mayoría.
No obstante, de acuerdo al reglamento legislativo, incluso si el Congreso aprueba la medida, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de observar el proyecto de ley si considera que presenta inconsistencias o impactos negativos. En ese hipotético caso, el Parlamento debería revisar y ajustar las propuestas antes de aprobarlas por insistencia.
Los puntos críticos
Uno de los principales temas que deberán resolverse en el Congreso es el alcance y la obligatoriedad del servicio militar. Propuestas como la presentada por la congresista Noelia Herrera buscan aplicar esta medida a ciudadanos entre 18 y 51 años que no estudian ni trabajan, conocidos como “ninis”. Este enfoque ya generó controversia, debido a las dificultades logísticas que implicaría reclutar y capacitar a un grupo tan amplio.
Además, los legisladores deberán definir excepciones y condiciones claras para quienes no puedan incorporarse. El proyecto de Herrera excluye, por ejemplo, a personas con discapacidades, estudiantes activos y cuidadores de dependientes, lo que reduciría significativamente la población objetivo.
Otro desafío crucial será garantizar la infraestructura militar y financiera necesaria para implementar un sistema obligatorio a gran escala. Los críticos advierten que el Estado necesitaría inversiones millonarias para ampliar instalaciones, dotar de equipo adecuado a los reclutas y asegurar un proceso de formación técnica y disciplinaria de calidad.
Resistencia y apoyo
Si bien las propuestas cuentan con el respaldo de legisladores como Herrera y Acuña, la medida enfrenta resistencia tanto en el Congreso como en la opinión pública. Parlamentarios de distintas bancadas cuestionaron la efectividad del servicio militar obligatorio para combatir la delincuencia, especialmente cuando las estadísticas muestran que solo el 1% de los delitos en el país son cometidos por menores y menos del 9% involucra a jóvenes de 18 años.
Por otro lado, sectores más conservadores y algunos gobiernos locales apoyaron la medida como una estrategia para brindar oportunidades a los jóvenes en situación vulnerable. La propuesta, según sus defensores, no solo fortalecería la defensa nacional, sino que también contribuiría a la reinserción social de personas alejadas del mercado laboral y educativo.
El tiempo como factor
El proceso legislativo en Perú suele ser lento, y las propuestas sobre el servicio militar obligatorio no son la excepción. Para avanzar, los proyectos deberán priorizarse en la agenda del Congreso, un escenario que dependerá de la presión política y social que puedan ejercer sus impulsores.
De ser aprobada, la implementación también podría retrasarse debido a la necesidad de coordinar con instituciones clave, como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía y Finanzas, que deberán asegurar recursos y mecanismos para hacer viable el programa.
Por ahora, el debate continúa en una etapa inicial, pero las cifras sobre los “ninis” —más de 1 millón de jóvenes entre 18 y 30 años— y la creciente percepción de inseguridad mantienen el tema en el centro de la discusión pública. Mientras el Congreso evalúa los proyectos, el país sigue dividido entre quienes consideran el servicio militar obligatorio como una solución y quienes lo ven como una medida insuficiente frente a problemas estructurales más profundos.
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