
Ante la ola de extorsión y sicariato que atenta contra la vida de choferes, cobradores y pasajeros del transporte público en Lima Metropolitana y Callao, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se pronunció sobre la intención del gobierno central de instalar cámaras en el interior de los vehículos.
David Hernández, vocero de la ATU, explicó que, actualmente, entre 500 y 700 vehículos cuentan con este equipamiento, pero esperan expandir estas herramientas para combatir la inseguridad ciudadana en el 2025.

Cámaras para 24 mil vehículos
Luego del primer paro de transportistas, el pasado 26 de septiembre, el Ejecutivo informó a la población que instalará cámaras de videovigilancia tanto dentro como fuera de las más de 24.000 unidades de transporte urbano que operan por los distritos de la capital.
De acuerdo a lo anunciado por el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, la ATU sería la encargada de la implementación de estos artefactos en buses, cústers y paraderos.
Por último, Pérez Reyes detalló que la grabación obtenida quedará almacenada en un disco duro instalada dentro de la unidad, pero también en la nube, de manera que así se destruya la cámara interna, la información quedará guardada y va a permitir que la Policía Nacional la tenga como evidencia de la persona que ha cometido el delito.

Chatarreo
En tanto, desde la Autoridad de Transporte Urbano informaron que, a partir de este jueves 28 de noviembre, inició el proceso de chatarreo de 100 vehículos que operaban de manera ilegal en el servicio de transporte público. El objetivo de esta medida es mejorar la seguridad vial y reducir la contaminación en la ciudad.
Estos vehículos, que incluyen 66 automóviles, 23 combis y 8 cústers, tienen entre 21 y 39 años de antigüedad. Además, acumulan multas por más de S/ 7 millones y se encontraban almacenados en los depósitos de la ATU desde el 2020.
Entre los vehículos que serán retirados, destaca una cúster de 39 años con placa A4X-726, que registra una multa superior a los S/ 1.2 millones por operar sin la autorización correspondiente. Otra cúster, con placa F3W-311 y también con 39 años de antigüedad, ha acumulado sanciones que superan los S/ 870,000.
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